Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba

La denuncia por los audios que implican a funcionarios del Gobierno en presuntos sobornos con proveedores de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDYS), se metió en el medio de la campaña política para las elecciones del próximo 7 de septiembre en la Provincia.

Pero no son los audios del ex titular de la ANDYS, Diego Spagnuolo, ni las declaraciones de la oposición los que mantienen al tema en las portadas de los diarios, sino la causa judicial que comandan el fiscal Franco Picardi con el juez Sebastián Casanello.

La justicia federal ya inició la apertura de los teléfonos secuestrados el viernes a los funcionarios y empresarios que aparecen mencionados en los audios, que aluden a supuestos pagos de coimas en la ANDYS. Dos de los teléfonos corresponden a Diego Spagnuolo, extitular de Andis, que fue encontrado por la policía el viernes en su casa de Pilar.

También fue allanado el domicilio del exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDYS Daniel María Garbellini, cuyo teléfono también va a ser abierto por la justicia para revisar su contenido. Y lo mismo ocurrió con el empresario Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina.

Los celulares fueron enviados a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que será la encargada de acceder a su contenido.

La causa avanza con rapidez, lo que sorprendió al Gobierno, que esperaba movimientos más lentos de la Justicia en la investigación del tema.

La indagatoria a Spagnuolo

En los audios de Spagnuolo que ahora se investigan en Comodoro Py, se describe una trama de presuntos sobornos con la Droguería Suizo que salpica a Javier Milei, a Karina y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

La Agencia Nacional de Discapacidad, ya estaba en la mira desde hace un año. En agosto de 2024 había existido una denuncia en Comodoro Py por una contratación de la agencia en donde la Droguería Suizo Argentina había sido una de las adjudicatarias. Aquel caso fue archivado.

También hubo ruido cuando renunció, en noviembre pasado, Natalia Basil, designada seis meses antes como directora de Asignaciones Económicas del ANDYS.

Basil es la esposa de Fernando Cerimedo, el consultor que trabaja con candidatos de derecha en la región y que fue clave en la campaña de Milei en 2023.

La denuncia

El miércoles Gregorio Dalbón, cercano al kirchnerismo, hizo la denuncia. El expediente recayó en Sebastián Casanello, que delegó la pesquisa en Franco Picardi.

En menos de 48 horas, el fiscal consideró que el material revestía la gravedad suficiente como para ordenar una batería de allanamientos y secuestrar los celulares de los principales implicados.

Para los operativos, Picardi no acudió a las fuerzas de seguridad federales: operó con la Policía de la Ciudad. Evitó solicitar auxilio al Poder Ejecutivo nacional.

La evolución de la causa judicial es el principal problema del Gobierno. No solo está a ciegas con la causa, sino que no controla a Spagnuolo.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad no fue detenido en la causa, aunque se le prohibió (junto a los dueños de la droguería Suizo Argentina) la salida del país. Pero es muy probable que esta semana sea llamado a declarar. Y todos temen que el abogado, que no es un político curtido, pueda empeorar las cosas con sus dichos.

Por ahora Picardi se concentró en los involucrados directos. Pero en el Gobierno está el temor de que escale la investigación hacia otros niveles. Con la causa de la ANDYS, los traspiés legislativos parecen menores.

En la Rosada aún no saben qué impacto tendrá el caso en la opinión pública y en la definición electoral. Pero hay algo que ya se comenta en el oficialismo: a fin de año Milei deberá reformular y relanzar su gestión.