Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso

Las instituciones privadas para las personas con discapacidad atraviesan una crisis aguda. Así lo sentenció Alberto Sileoni, titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. “Muchas escuelas privadas están con dificultades, especialmente aquellas que trabajan con personas en situación de discapacidad”, expresó, en conferencia de prensa. Minutos más tarde, el subsecretario Pablo Urquiza, agregó: “La preocupación es que estos colegios se vean obligadas a cerrar. Y, la matrícula de las escuelas especiales de gestión estatal, está saturada”.

Las declaraciones se enmarcan en un escenario de conflicto y de pugna política, donde el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad atraviesa una realidad crítica. A eso hay que sumar una Agencia de Discapacidad -epicentro de las prestaciones y emisión de certificados-, en crisis.

El problema de estas entidades privadas radica, principalmente, en el financiamiento. Cuentan con aporte estatal (Nacional o Provincial) y con el pago de obras sociales.

Entonces, lo que sucede es que “las prestaciones educativas que estas escuelas brindan se abonan según un nomenclador que desde hace tiempo no se actualiza, lo que genera un fuerte desfase frente al incremento constante de los costos y en particular de los salarios, produciendo un desfinanciamiento cada vez más profundo”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de asociación de institutos de enseñanza privada de Argentina (Aiepa).

Asimismo, agregó: “La mayoría de estas instituciones no cuentan con aporte estatal o lo reciben en una proporción baja y limitada a pocos cargos”. Lo cierto es que los colegios privados para personas con discapacidad reciben una subvención indirecta, explicó Zurita: “Las Obras Sociales -que financian la mayor parte de la matrícula- reciben a su vez un subsidio por parte de la Superintendencia”.

Lo cierto es que el sector privado -al que corresponde gran parte de las prestaciones por discapacidad- dependen del nomenclador nacional. Lourdes Farías, Directora de acceso e inclusión en salud de la provincia de Buenos Aires, explicó: “Los valores los establece el directorio del Andis. Y ese año nunca se juntó a actualizar”.

Consecuencias

La Escuela Especial María Montessori de la Ciudad, con especificidad en discapacidad motora, es un ejemplo de la crisis del sector.

“Nosotros, a pesar de trabajar con una discapacidad muy costosa, priorizamos el pago de sueldos y de aportes. Pero, faltan obras e insumos. Para nosotros es fundamental la ayuda estatal y privada”, manifestó Nora Toledo, contadora de la Asociación Montessori.

El cierre de entidades privadas provocaría una migración a escuelas especiales de gestión estatal. Pero, “el sector público no lo puede absorber. Eso provocaría que las personas con discapacidad queden sin prestación”, alertó Farías.

Zurita, por su parte, expresó que en “las escuelas públicas no hay suficiente recurso humano para abarcar la demanda” y, en caso de que los privados no den abasto, “la necesidad del niño directamente quedaría sin respuesta”, cerró.