En el Conurbano bonaerense, una banda criminal se aprovechaba de la vulnerabilidad de migrantes extranjeros y del desconocimiento de vecinos desprevenidos, combinando explotación laboral y préstamos usurarios en un mismo esquema delictivo. La Policía Federal Argentina (PFA), a través del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), logró desbaratar la organización, que estaba integrada por ciudadanos venezolanos y colombianos, tras una investigación que dejó al descubierto un patrón sistemático de engaños, coacción y violencia económica. 11 personas fueron detenidas durante los allanamientos y se incautaron millones de pesos, vehículos y documentación clave para la causa.
El accionar de la banda comenzaba con la captación de migrantes, principalmente venezolanos, a quienes ofrecían empleos ficticios y alojamiento seguro a cambio de trasladarse y vender muebles en las calles. La promesa de un trabajo digno era solo un señuelo: en la práctica, los reclutados eran sometidos a condiciones de explotación, obligados a vender artículos de hogar bajo la amenaza de perder todo si se negaban o intentaban escapar. Fuentes policiales confirmaron que, en muchos casos, los tratantes retenían los documentos de identidad de las víctimas, sometiéndolas a un sistema de control que impedía su libre movimiento.
Las primeras pesquisas llevaron a la localización de cuatro venezolanos viviendo en estado de hacinamiento en un domicilio de Bosques, partido de Florencio Varela. Los agentes constataron que las víctimas debían cargar y vender muebles de gran tamaño utilizando carros metálicos, en un régimen que combinaba trabajo forzado con la obligación de pagar una deuda ficticia por alojamiento y traslado. Cada venta realizada en la vía pública se sumaba al pago de esa “obligación”, generando un ciclo de explotación casi imposible de romper.
Pero la organización no se limitaba a la venta callejera. Durante las transacciones, los integrantes ofrecían préstamos conocidos como “gota a gota” a los compradores desprevenidos, con tasas de interés que podían alcanzar hasta un 600% anual. Estos préstamos se otorgaban sin garantías ni controles formales, y cualquier atraso en el pago derivaba en amenazas, extorsión y, en varios casos, violencia física. Casas, vehículos y pertenencias de los deudores estaban en riesgo constante, mientras la banda utilizaba billeteras virtuales para ocultar las operaciones financieras.
Durante los procedimientos, la policía secuestró más de $13 millones en billeteras virtuales, casi un millón en efectivo, una camioneta, un coche, dos motos, 254 muebles, carros metálicos y documentación clave.
Este caso pone de relieve la peligrosidad de los llamados préstamos “gota a gota”, modalidad que no es nueva en el país. Según informes del Ministerio Público Fiscal, estas líneas de crédito operan fuera del sistema bancario, con tasas exorbitantes, identidades falsas y métodos violentos de cobro. Habitualmente se instalan en barrios populares de la Provincia mediante prestamistas que aparentan ser comerciantes o vendedores ambulantes.
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