El gobierno de Javier Milei busca financiamiento para realizar las obras eléctricas necesarias para evitar que el aumento de la demanda siga presionando sobre el sistema y se generen cortes de luz. A la par, lo que se evalúa es trasladar el costo de esos trabajos a las tarifas de los usuarios.
La administración libertaria calcula que requiere de por lo menos US$6.500 millones para afrontar los proyectos que apuntan a ampliar las redes de alta tensión y oxigenar al segmento mayorista de transporte energético con el objetivo de que soporte los picos de demanda en los períodos de calor o frío más duros.
En sintonía con lo evaluado por gestiones anteriores, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, definió un esquema de obras imperiosas para dar respuesta al actual escenario estableciendo tres prioritarias: Línea de 500 kw Río Diamante-Charlone-O Higgins en Cuyo; ampliación de línea Puerto Madryn-Choele Choel y Bahía Blanca en la Patagonia; nueva estación transformadora en Plomer y más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión Ezeiza-Vivoratá-Atucha como parte del Área Metropolitana I.
La imposibilidad de concretarlas hasta ahora pasó por la falta de financiamiento. En una estrategia similar a la utilizada en la gestión de Mauricio Macri con el programa de Participación Público Privado (PPP), el Gobierno apunta a que las obras se lleven a cabo con inversiones privadas a recuperar con un futuro cargo sobre la tarifa o canon cuotificado, según reveló el diario Clarín.
De esta manera, los usuarios verían incrementar sus facturas para solventar el costo que permita fortalecer el sistema energético y evitar apagones en los picos de temperatura.
El panorama revelado por el Ejecutivo en distintos documentos públicos exhibe la precariedad actual puntualizando que “ deficiencias estructurales en redes de alta tensión y media tensión, cuyas ampliaciones y/o extensiones no han acompañado el crecimiento de la demanda”.
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