Universidades y discapacidad: lo que anunció Milei, ¿es lo mismo que figura en el proyecto de presupuesto?

Durante la presentación del presupuesto, Milei buscó dar señales de alivio tras un año marcado por el ajuste, y prometió que las pensiones por discapacidad recibirían un incremento del 5% real en 2026. Sin embargo, los números oficiales muestran lo contrario.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que administra las pensiones por invalidez, tendrá un presupuesto total de $5,21 billones, apenas 8,3% más que en 2025. Lo llamativo es que la partida central —las pensiones— caerá de $4,059 billones a $4,038 billones. Es decir, menos fondos para un universo altamente vulnerable.

A su vez, la cantidad de beneficiarios se reducirá de 1.133.549 a 977.943, confirmando que el Gobierno continuará con las auditorías que ya provocaron miles de suspensiones y bajas. El contraste entre la promesa presidencial y la letra chica del presupuesto reavivó críticas de asociaciones de personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos.

Universidades

El presupuesto para las universidades nacionales pasará de $4,2 billones a $4,8 billones en 2026, un aumento del 14,2%. El Ejecutivo destacó que este monto incluye salarios docentes y no docentes, así como los gastos de funcionamiento.

No obstante, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que esa cifra no garantiza el normal funcionamiento de las casas de estudio. Según sus cálculos, se requieren al menos $7,3 billones para cubrir necesidades mínimas de personal, mantenimiento e infraestructura.

“La propuesta del Gobierno implica congelar en términos reales los recursos de las universidades. El resultado será más desfinanciamiento y una profundización de la crisis que ya atravesamos en 2025”, advirtieron en un comunicado.

El reclamo universitario se suma al de docentes y estudiantes, que en los últimos meses realizaron movilizaciones en defensa del financiamiento y la autonomía de la educación superior.

Educación bajo la lupa

El presupuesto también propone eliminar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establece que el financiamiento educativo consolidado de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no debe ser inferior al 6% del PBI.

Esa cláusula, incorporada en 2006, se convirtió en un piso legal para garantizar la inversión en educación. Su derogación sería un cambio de fondo, que abriría la puerta a una reducción aún mayor de los recursos en un área clave para el desarrollo.

La medida ya despertó cuestionamientos en gremios docentes y en sectores de la oposición, que la calificaron como un “retroceso histórico” en la política educativa.

Fuerte sesgo de ajuste

En conjunto, los números del proyecto revelan que el Gobierno prioriza mantener la política de déficit cero, incluso a costa de los sectores más sensibles. La reducción de pensiones, la caída en el número de beneficiarios y la suba insuficiente para universidades son parte de una misma lógica de restricción del gasto.

El oficialismo defiende el rumbo argumentando que “sin orden fiscal no hay futuro”, mientras que la oposición denuncia que se trata de un presupuesto “antisocial” que agrava las desigualdades.

El debate legislativo será, por lo tanto, un escenario clave. Gobernadores, bloques opositores y organizaciones de la sociedad civil ya anticipan que intentarán introducir modificaciones para evitar un recorte más profundo en áreas de alta sensibilidad social.