Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del Gobierno al convocar en el Senado a representantes de la Iglesia católica para que expusieran su rechazo al proyecto oficial que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

El encuentro, de carácter informal, reunió a senadores con delegados de la Pastoral Social y de Cáritas, quienes presentaron los principales argumentos de su oposición a la iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que será debatida la próxima semana en la Cámara alta.

La convocatoria fue leída en el oficialismo como un nuevo movimiento de Villarruel en construcción de una agenda propia, diferenciada de la Casa Rosada, en un tema sensible para el Gobierno.

La posición de la Iglesia

Durante la reunión, los representantes eclesiásticos insistieron en que la baja de la edad de imputabilidad no reducirá los delitos cometidos por menores y reclamaron un abordaje integral del problema de la delincuencia juvenil.

En ese marco, expusieron los lineamientos de la “Carta Abierta a los Legisladores Nacionales”, en la que sostienen que la respuesta penal temprana “no constituye una solución eficaz frente al delito juvenil”.

Según el documento, la evidencia regional muestra que los países con edades de imputabilidad más bajas registran mayores niveles de violencia, mientras que la Argentina, con un piso de 16 años, mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región.

Además, advirtieron que el Estado “no cuenta hoy con las condiciones materiales, institucionales ni presupuestarias necesarias” para implementar un régimen que garantice acompañamiento integral, atención en salud mental, continuidad educativa, formación laboral y procesos efectivos de reinserción social.

La Iglesia también alertó que, en un contexto de desfinanciamiento de políticas sociales, la ampliación de la respuesta penal recaería principalmente sobre los sectores más vulnerables sin atacar las causas estructurales de la violencia.

Subrayaron que los adolescentes son sujetos en desarrollo y que la evidencia científica indica que el cerebro no ha alcanzado la madurez plena para evaluar completamente las consecuencias de los actos. Por eso, consideran que los conflictos que involucren a menores de 16 años deben continuar bajo la órbita del sistema de protección de derechos y los juzgados de familia, dejando al sistema penal como última instancia.

Para los mayores de 16 que cometan delitos graves, propusieron fortalecer mecanismos de justicia restaurativa, al considerar que estos modelos contribuyen a reducir la reincidencia y promover instancias de reparación hacia las víctimas y la comunidad.

Finalmente, advirtieron sobre posibles cuestionamientos de constitucionalidad del proyecto por entender que podría implicar una medida regresiva en materia de derechos humanos y contraria a compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

“La solución a la violencia no es el castigo temprano, sino la prevención, la inclusión y la creación de oportunidades reales. Lo que está en juego no es solo una ley, sino el modelo de sociedad que queremos construir”, concluye el documento.

Distancia con la Casa Rosada

La iniciativa de Villarruel se produce en un contexto de señales públicas de diferenciación respecto del presidente Javier Milei. Mientras el mandatario no recibe a los obispos desde hace dos años y mantiene un vínculo fluido con referentes evangélicos —cuya principal organización respaldó la baja de imputabilidad aunque con matices—, la vicepresidenta reforzó su cercanía con la Iglesia católica.

En las últimas semanas inauguró un oratorio católico en el Senado y, durante una visita a La Rioja por la fiesta de La Chaya, se reunió con el obispo y titular de la Pastoral Social, Dante Braida. En ese viaje también visitó por primera vez la tumba del beato monseñor Enrique Angelelli, víctima de la última dictadura.

El movimiento se suma a otras diferencias públicas, como sus críticas recientes a la política económica del Gobierno, que marcaron un contraste con la línea oficial.

En la antesala de un nuevo debate parlamentario, la vicepresidenta vuelve así a posicionarse con una impronta propia en un tema central de la agenda legislativa, en momentos en que el oficialismo busca consolidar apoyos en el Senado para avanzar con la reforma.