Reforma laboral: el apuro del Gobierno, el error del artículo 44 y la financiación del sindicalismo

Aprovechando el desconcierto de la oposición, pero consciente de que el crédito electoral no es infinito, el Gobierno acelera y sigue cosechando victorias. Ese apuro, sin embargo, tiene costos. Un error -aparentemente producto de una ambición excesiva- empujó a la reforma laboral a un terreno pantanoso. El artículo 44 del proyecto, que reducía la percepción del salario en los casos de enfermedad inculpable del trabajador, había pasado inadvertido en la redacción aprobada por el Senado hasta que alguien advirtió su inclusión y encendió las alarmas.

Más allá del debate sobre la oportunidad y conveniencia de introducir un nuevo régimen de licencias médicas, el episodio se convirtió en un obstáculo inesperado para un Gobierno que aspiraba a aprobar la ley con mayor holgura. Y, además, le agregó un argumento confrontativo a la discusión con la Confederación General del Trabajo (CGT), que encontró allí una oportunidad para revitalizar una postura hasta entonces alicaída, en momentos en que convocaba a una huelga general, la cuarta durante la actual gestión presidencial.

El modelo sindical permanece intacto

En el diseño final de la ley, la corporación sindical volvió a sacar ventaja: aunque acotadas, sus fuentes de financiamiento quedaron en pie. La controversia en torno al artículo 44 terminó, además, ocultando un dato central: el modelo sindical permanece intacto, pese al creciente desprestigio de sus dirigentes. En el centro de ese debate aparece la cuota solidaria, objetable no solo por su diseño sino por su propia naturaleza. Tal como está concebida, no requiere el consentimiento del trabajador: es, lisa y llanamente, compulsiva.

Las contribuciones patronales a las obras sociales tampoco superan un análisis riguroso. En muchos casos implican el flujo de enormes recursos hacia un sistema poco transparente, con controles prácticamente inexistentes, prestaciones deficitarias y bajo persistentes sospechas de corrupción. El enriquecimiento de buena parte de la dirigencia sindical es un dato evidente que no necesita mayor demostración. Sin embargo, desde el retorno de la democracia nunca fue posible auditar de manera seria y sistemática el destino de ese dinero.

El enriquecimiento de buena parte de la dirigencia sindical es un dato evidente

El problema de fondo, entonces, no radica tanto en las fuentes de financiamiento de los sindicatos y las obras sociales como en la laxitud de los controles sobre los recursos que administran. En última instancia, la crisis de legitimidad sindical es una crisis de calidad democrática. La exclusión sistemática de las minorías de los órganos de conducción, la pasividad del Estado frente al uso de fondos de naturaleza semipública y la reelección indefinida de dirigentes conforman una combinación ideal para la perpetuación del poder y la discrecionalidad en el manejo del dinero.

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RECHAZO A LAS CÚPULAS SINDICALES

No sorprende, en ese marco, el profundo rechazo que los trabajadores expresan hacia las cúpulas sindicales. Las encuestas lo confirman. A fines de noviembre, el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora reveló que el 63,9% de los argentinos tiene una imagen negativa de los sindicatos, frente a apenas un 15,2% de valoración positiva. Incluso entre votantes peronistas, la imagen negativa alcanza el 30,2%, una señal clara de que el hartazgo atraviesa cualquier frontera partidaria.

La crisis de legitimidad sindical es una crisis de calidad democrática

En este contexto, reducir el debate sindical a la eliminación de cuotas o contribuciones resulta simplista. El núcleo del problema es el control -o, más precisamente, su ausencia-. Sin auditorías externas, sin contrapesos internos y sin representación efectiva de las minorías, esos recursos seguirán funcionando como una caja discrecional.

De allí que tampoco sorprenda la reacción corporativa del statu quo sindical frente a cualquier intento de reforma que roce sus privilegios. Incapaces de ofrecer una respuesta moderna a los desafíos del mundo del trabajo, apelan al repertorio de siempre: marchas, advertencias destituyentes y el paro general, un recurso del que abusaron desde el regreso de la democracia, pero prácticamente ausente durante los años de autoritarismo militar.

VIOLENCIA Y DESCONTROL

Un paro débil, una calle nuevamente copada por los violentos y la torpe provocación de algunos diputados de Unión por la Patria -Florencia Carignano desconectando micrófonos, Carlos Castagneto depositando una cadena sobre el escritorio del presidente de la Cámara y Paula Penacca lanzando acusaciones personales- terminaron de conformar un escenario funcional al oficialismo y confirmaron, una vez más, la desorientación y la debilidad del peronismo fuera del poder.