Un peritaje amplio a los bienes de Insaurralde

La investigación sobre el patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde avanzará hacia una de sus fases más sensibles: un peritaje contable integral que buscará establecer si existe correspondencia entre sus ingresos formales y su nivel de gastos y acumulación de bienes.

La decisión fue consensuada tras una extensa audiencia encabezada por el juez federal subrogante Luis Armella, en la que participaron defensores, fiscalía y organismos especializados. El acuerdo fija 83 puntos de análisis que abarcan no sólo a Insaurralde, sino también a Jésica Cirio, familiares directos y a Sofía Clérici, todos bajo investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El estudio comenzará el 3 de marzo y estará a cargo de peritos oficiales del Poder Judicial. Se prevé una duración de entre tres y cuatro meses, aunque fuentes judiciales advierten que la complejidad del material podría extender los plazos.

El eje central del peritaje será rastrear el origen de sumas significativas de dinero que aparecen en el expediente sin respaldo documental suficiente. Entre los puntos prioritarios figura el análisis de los 600.000 dólares secuestrados en la causa y la posible vinculación de esos fondos con Insaurralde.

También se examinará un supuesto movimiento de 250.000 dólares entre el exintendente y Cirio, operación que la Justicia busca encuadrar jurídicamente: si se trató de un préstamo, una donación o un flujo de dinero sin justificación contable.

Los peritos deberán reconstruir además el financiamiento de viajes internacionales de alto costo, en particular la estadía de 2023 en Marbella que expuso públicamente el caso. La investigación no se limita al viaje en sí, sino al patrón de gastos: pasajes aéreos, alquileres, embarcaciones y otros consumos que, según la hipótesis judicial, podrían no guardar relación con ingresos declarados.

Otro tramo del análisis apunta al patrimonio material: la adquisición de una quinta en San Vicente, la compra de vehículos de alta gama y la logística de desplazamientos aéreos —cerca de un centenar de vuelos— que figuran en registros de la causa.

La lógica del peritaje no es sólo enumerar bienes, sino medir consistencia económica. En términos técnicos, los peritos deberán determinar si existe una brecha patrimonial que permita inferir enriquecimiento no justificado o circuitos de lavado de activos.

La ausencia de documentación laboral o tributaria en algunos casos agrega un componente crítico: el examen deberá reconstruir movimientos financieros incluso donde no hay registros formales de ingresos.

Un consenso poco frecuente

En el plano procesal, el acuerdo alcanzado entre todas las partes fue interpretado como un dato relevante. En causas de este tipo, donde suelen proliferar disputas técnicas sobre el alcance de los peritajes, la aceptación conjunta de los puntos a analizar reduce futuras impugnaciones y fortalece el valor probatorio del informe final.

Participaron del encuentro representantes de la fiscalía, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, abogados defensores y la perito contadora oficial del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial, especializada en delitos de corrupción.

El expediente entra así en una fase donde la prueba técnica puede redefinir el rumbo judicial. Más que una revisión contable, el peritaje funcionará como una radiografía financiera: su resultado será clave para determinar si los investigados pueden justificar su patrimonio o si la causa avanza hacia imputaciones más graves.

En investigaciones por lavado y enriquecimiento ilícito, este tipo de estudios suele marcar un punto de inflexión. No sólo por lo que revela, sino por el estándar de evidencia que fija para el resto del proceso.