El Gobierno analiza la idea de extender las sesiones extraordinarias

El Gobierno evalúa modificar el cronograma de sesiones extraordinarias del Congreso con el objetivo de asegurar la aprobación de la reforma laboral antes del 1° de marzo, fecha en la que se realiza la apertura de sesiones ordinarias. La alternativa en estudio consiste en extender por un día el período actual, que hoy finaliza el 27 de febrero.

Fuentes de la mesa política del oficialismo confirmaron que la propuesta ya fue planteada y que su viabilidad depende del ritmo de tratamiento en el Senado. Según admiten en la Casa Rosada, el escenario es considerado “probable” y la decisión podría formalizarse mediante un decreto en los próximos días.

El oficialismo enfrenta dificultades para emitir dictamen antes del 18 de febrero debido a los feriados de Carnaval, que mantendrán cerrado el Congreso durante dos días. Esa interrupción complica la coordinación entre ambas cámaras y los tiempos de traslado de los legisladores, muchos de los cuales prevén viajar a sus provincias.

A esto se suma una restricción reglamentaria: la Cámara no puede emitir dictámenes dentro de los diez días previos al cierre del período de sesiones. Esa limitación reduce el margen operativo para que el proyecto avance con los plazos necesarios entre una cámara y la otra.

Dirigentes del bloque libertario reconocen que el cronograma original fijado por decreto —del 2 al 27 de febrero— dejó poco margen para maniobras legislativas. La extensión de un día permitiría completar los tiempos formales sin alterar significativamente la agenda parlamentaria.

La reforma laboral se encuentra en la etapa final de negociaciones técnicas, tras casi un año de debates con equipos especializados. La intención del Gobierno es que el texto aprobado en el Senado sea ratificado sin cambios en Diputados, para evitar nuevas demoras.

La urgencia también responde a la acumulación de proyectos en la agenda oficial. El paquete original de extraordinarias incluía la reforma laboral, la ley de glaciares y el acuerdo Mercosur–Unión Europea. Luego se sumó el tratamiento del régimen penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Proyectos que avanzan y otros que se postergan

Mientras la reforma laboral concentra la prioridad política, otros proyectos enfrentan distintos escenarios. La nueva Ley de Glaciares fue postergada. Desde sectores cercanos a gobernadores cuyanos afirman que el oficialismo no reúne los votos suficientes, aunque en el Gobierno sostienen que la demora responde a cuestiones de tiempo y no de respaldo legislativo.

Distinta es la situación del régimen penal juvenil. El oficialismo alcanzó acuerdos con bloques opositores y convocó a una sesión en Diputados para la próxima semana. Previamente, las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Presupuesto firmarán dictamen para reactivar formalmente el trámite parlamentario, ya que el despacho anterior perdió estado parlamentario.

La eventual prórroga de las extraordinarias puede resolverse sin mayores obstáculos administrativos. Solo requiere la firma de un decreto que reformule el período vigente. En el Gobierno señalan que la decisión se tomará en función de la evolución del debate en el Senado y de la necesidad de cerrar la discusión laboral antes del inicio del período ordinario.

La estrategia oficial apunta a evitar que la reforma quede atrapada en el recambio de agenda legislativa de marzo y a garantizar una sanción rápida de los proyectos considerados prioritarios.