Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno

La inflación volvió a ocupar los primeros planos de la atención pública. Ocurre luego de varios meses en los que las encuestas mostraban que el tema había descendido varios escalones en la lista de preocupaciones de los argentinos.

La causa más visible de este resurgimiento fue que en diciembre el IPC del Indec alcanzó el 2,8%, el segundo registro más alto de 2025 -junto con abril-, solo superado por el 3,7% de marzo. La escalada inflacionaria había comenzado en junio y se profundizó tras el resultado electoral de septiembre, que provocó un fuerte impacto en la cotización del dólar, derivó en una crisis de expectativas y obligó incluso a la intervención directa del Gobierno de los Estados Unidos. A ese escenario se sumaron la suba de los precios de la carne y los ajustes en las tarifas de los servicios públicos.

El componente estacional propio de diciembre agregó combustible a los precios y llevó la inflación a un nivel que pone en cuestión la desinflación que el Gobierno exhibe como su principal logro. Y para confirmar que la desaceleración no es un proceso lineal ni consolidado, en la semana que acaba de cerrar la inflación de Alimentos pegó un salto del 2,5%, según la medición de la consultora LCG. Si bien se trata de un dato acotado, no deja de encender una señal de alerta: es el registro semanal más alto de los últimos doce meses.

LA RENUNCIA DE LAVAGNA

Es en ese contexto que se produjo la ruidosa renuncia de Marco Lavagna al frente del organismo estadístico nacional. Aunque tanto el propio Lavagna como el ministro de Economía, Luis Caputo -de quien depende el Indec- señalaron que la salida se dio en buenos términos, el episodio impacta en la credibilidad de un organismo, cuya principal fortaleza debería ser la confianza pública. Mucho más si se recuerda que, en un pasado no tan lejano, el Indec fue sometido a un vergonzoso manoseo estadístico durante los gobiernos kirchneristas.

A esa desconfianza se sumó la versión difundida por la periodista Cristina Pérez, quien aseguró que fue el presidente Javier Milei quien ordenó el desplazamiento del economista por considerar que el cambio en la metodología de medición del IPC impulsado por Lavagna escondía una supuesta conspiración para perjudicar al Gobierno. La acusación fue más lejos al vincular esa maniobra con la cercanía del exfuncionario con Sergio Massa.

Lo cierto es que el objetivo de Lavagna era que el nuevo sistema de medición comenzara a aplicarse en enero, pero a último momento el Gobierno decidió postergar su implementación “para cuando la inflación sea igual a cero”, según las palabras del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Queda entonces planteada la pregunta sobre las razones para prescindir de un funcionario que gozaba de buena reputación técnica, al punto de haber sido ratificado en el cargo pese a provenir de la administración anterior.

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EL NUEVO ÍNDICE, EN LA MIRA

El trasfondo del conflicto es que el nuevo índice -con mayor ponderación de los servicios públicos (luz, gas, transporte y comunicaciones) en detrimento del rubro Alimentos y Bebidas- arrojaría una inflación superior al 3% en enero, mientras que el IPC calculado con la metodología anterior se ubicaría, según las consultoras, entre 2,3% y 2,5%. Frente a esa diferencia, en los despachos oficiales sostienen que, para hacer una comparación válida, sería necesario conocer cuál habría sido el resultado de aplicar esos mismos criterios de medición a diciembre.

Según ese razonamiento, si se compara diciembre (2,8%), medido con la vieja metodología, con enero (3%) calculado con la nueva, el resultado sería un aumento de 0,2 puntos porcentuales. Sin embargo, esa comparación resulta engañosa: según el método anterior, enero mostraría una inflación del 2,5%, es decir, una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto del mes previo.

Ese es el dato que el oficialismo busca preservar en momentos en que negocia una reforma laboral, con la expectativa de que impulse la creación de empleo registrado y le permita empezar a mostrar resultados ante una sociedad expectante, con ingresos retrasados frente a la inflación y crecientes dificultades para llegar a fin de mes.

LA APERTURA IMPORTADORA

Esta discusión se superpone con otra no menos sensible para el Gobierno: la apertura importadora. Un sector importante de la opinión pública se pregunta si es razonable sacrificar ramas enteras de la producción nacional -como la industria textil, entre otras- en nombre de una competitividad ideal que no contempla la falta de condiciones equitativas. En esos mercados operan potencias comerciales como China, Vietnam o Indonesia, con fuertes subsidios estatales, salarios considerablemente más bajos y costos logísticos sensiblemente menores. No se trata de pasar de un proteccionismo extremo a una apertura irrestricta, sino de diseñar una transición gradual que preserve el entramado productivo, en especial a las pymes y sus trabajadores.

En paralelo, y en la antesala del debate por la denominada “modernización laboral”, la Casa Rosada se aseguró un triunfo político al vaciar de asistencia la reunión de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, donde los mandatarios más opositores buscaban exhibir fuerza frente al Ejecutivo. El acuerdo con el radicalismo -que alinearía a sus diez senadores-, sumado a los votos del PRO y de los bloques provinciales afines, le garantizaría al oficialismo una aprobación cómoda. La condición es que el proyecto no incluya la baja del impuesto a las Ganancias o que, en su defecto, se asegure una compensación por la pérdida de recursos coparticipables, un punto especialmente resistido por los gobernadores.

BAJA DE LA COPARTICIPACIÓN

Este es el dilema que afronta el Gobierno más allá de las cuestiones estrictamente laborales: la necesidad de bajar la presión tributaria para desahogar la economía choca con la necesidad de las provincias de sostener sus cuentas. Seis meses de caída de la recaudación tributaria y tres meses de baja de la coparticipación le ponen límites a los propósitos acuerdistas. Y aquí se produce una divisoria de aguas entre las provincias con petróleo, minería tradicional y minerales raros -la nueva vedette de la economía global- y aquellas dedicadas a la producción agropecuaria. Estas últimas son las más grandes (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), pero también las que han perdido más gravitación en la negociación con el gobierno central.

Para alivio de la Casa Rosada, enfrente tiene a una oposición desarticulada y con pocas ideas. Y a la desprestigiada cúpula sindical, a la que solo se le ocurre convocar para el día del inicio del debate a una “movilización sin paro”. Poca cosa.

Mientras el oficialismo defiende con uñas y dientes lo que debería ser el principal logro de su gestión y avanza con la reforma laboral, en la calle la inflación sigue marcando el pulso de la vida cotidiana. Y ahí, más allá de metodologías y disputas técnicas, lo que pesa es una realidad mucho más simple: si los precios aflojan o si alcanza -o no- para llegar a fin de mes.