Simape presentó amparo contra el Estado por reforma laboral que afecta derechos

El Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) presentó una acción de amparo contra el Estado nacional ante la Justicia Federal en rechazo a distintos puntos de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que afectan derechos fundamentales de los trabajadores del sector, iniciativa impulsada por el gremio en representación de sus afiliados, en el marco de la entrada en vigencia de la normativa cuestionada.

La presentación judicial se centra en tres aspectos clave de la ley que, según el sindicato, “implican un retroceso en materia laboral”. Entre ellos, se destaca la exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que, de acuerdo con el planteo, deja a la actividad bajo un régimen anterior y con menos garantías. “Nos sacan de la ley laboral general y nos llevan a un esquema mucho más viejo”, expresó el secretario general, Pablo Trueba, quien agregó que esta modificación “vulnera principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo”.

Otro de los puntos objetados es la regulación del derecho a huelga mediante la figura de “actividad de importancia trascendental”, que establece la obligación de mantener un nivel mínimo de prestación durante medidas de fuerza. Según Trueba, esta disposición “limita de hecho la posibilidad de ejercer el derecho a protesta”.

Asimismo, el sindicato cuestionó los cambios en el régimen de convenios colectivos, particularmente el fin de la ultraactividad. En ese sentido, sostuvo que la posibilidad de suspender acuerdos vigentes y obligar a su renegociación “implica una intromisión estatal en la autonomía de las partes”.

“Estamos atacando tres puntos clave: el derecho a huelga, la negociación colectiva y la exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo”, resumió Trueba.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar la constitucionalidad de los artículos señalados. Mientras tanto, el dirigente sindical ratificó que continuará promoviendo acciones para resguardar los derechos de los trabajadores marítimos frente a los cambios establecidos por la normativa.