La paradoja política del ajuste

Por LARA GOYBURU

eleconomista.com.ar

Hay una pregunta que estructura buena parte del debate político argentino de los últimos meses y que las encuestas permiten responder con más precisión que el comentario de coyuntura: ¿puede sostenerse el apoyo a un gobierno mientras la sociedad atraviesa niveles de dificultad económica que no ceden? La respuesta que emerge de nuestro monitoreo de opinión pública, y en particular de las mediciones de diciembre de 2025 y febrero de 2026, es incómoda para todos los actores: sí puede sostenerse, pero no de manera indefinida ni sin fisuras, y el mapa de esas fisuras ya está dibujado.

Las elecciones legislativas de octubre de 2025 cerraron un ciclo y abrieron otro. La Libertad Avanza consolidó su posición en el Congreso, obtuvo el tercio necesario para sostener vetos presidenciales y se instaló como primera minoría en ambas cámaras. Fue un resultado sólido para un gobierno en ejercicio de un ajuste de magnitud. Sin embargo, los datos relevados en los dos meses siguientes revelan una dinámica que merece ser leída con más cuidado que el entusiasmo poselectoral: el capital político obtenido en las urnas y el apoyo a la gestión cotidiana son dos variables que, en Argentina y en este momento, no se mueven en la misma dirección.

EL EQUILIBRIO FRÁGIL DE LA APROBACIÓN

En diciembre de 2025, la aprobación de la gestión de Javier Milei llegó al 47,3%, marcando un aumento de 3,5 puntos respecto de octubre y representando el número más alto del segundo semestre. En febrero de 2026, esa cifra se mantuvo en 46,8%, prácticamente sin variación. La lectura superficial diría que el gobierno está estable. La lectura más precisa dice algo diferente: la desaprobación lidera con el 50,7%, con un diferencial de 3,9 puntos sobre la aprobación. Un gobierno puede ganar una elección con amplitud y, al mismo tiempo, no lograr que su gestión convenza a la mayoría social. Esa es, exactamente, la fotografía de febrero de 2026.

Las aprobaciones que se estabilizan en el rango del 46-47% en contextos de reforma y ajuste sostenido suelen describir una arquitectura política precisa: una base consolidada y leal, y un techo estructural que el resultado electoral no alcanzó a perforar. El problema no está en la caída, que por ahora no la hay, sino en la parálisis ascendente. La pregunta que estos números plantean, con el horizonte presidencial de 2027 ya en el fondo de escena, es si esa parálisis se resuelve por recuperación económica, por emergencia de una nueva coalición de confianza, o si se convierte en el piso desde el cual comenzar el próximo ciclo.

EL DESGASTE SOCIAL: EMPÍRICO, NO NARRATIVO

Lo que los datos muestran con consistencia a lo largo de las mediciones es que el desgaste social no es una construcción opositora: tiene números. En diciembre de 2025, el 50% de los hogares relevados reportó dificultades para cubrir los gastos del mes; en febrero de 2026, ese guarismo se mantuvo en torno al 49%. El 83,1% de los encuestados en diciembre había modificado sus hábitos de consumo durante el año por efecto de la crisis económica (número que se sostiene en torno a esa cifra desde mayo del 2025); en febrero esa proporción descendió levemente a 79,4%, lo que podría indicar una tenue normalización, aunque los niveles de restricción siguen siendo altos. En la misma dirección, el 46,5% de los consultados en diciembre declaró llegar a las fiestas de fin de año en peor situación que doce meses atrás; y siete de cada diez afirmó que no se iría de vacaciones en la temporada 2026, con la falta de dinero como motivo abrumador. Ese dato se ratificó en febrero: entre quienes efectivamente no viajaron, el 78,9% citó razones económicas.

El endeudamiento familiar agrega otra capa de complejidad al cuadro. En diciembre, el 35,9% de los hogares describía su nivel de endeudamiento como medio y el 31,2% como alto. El instrumento más utilizado fue la tarjeta de crédito, mencionada por el 53,5% de los consultados. Pero el dato más revelador sobre la calidad de ese endeudamiento es el motivo: el 34,6% declaró haberse endeudado principalmente para comprar alimentos y cubrir gastos corrientes del mes. No se trata de crédito productivo ni de consumo discrecional: es deuda de subsistencia. Ese tipo de endeudamiento no desaparece con la estabilización del tipo de cambio ni con la baja de la inflación mensual; se acumula en el tejido doméstico y genera presiones que los indicadores macro no capturan.

En materia de agenda de problemas, la inflación recuperó el primer lugar en ambas olas: 20,4% en diciembre, 22,8% en febrero. A nivel personal, la dificultad para llegar a fin de mes encabezó las menciones con el 22,6% en diciembre y el 21,6% en febrero, con el total de problemas de índole económica rondando el 65% en ambas mediciones. Son números que describen una sociedad cuya preocupación central sigue siendo la reproducción material cotidiana, no las reformas estructurales que el gobierno impulsa en el plano legislativo.

Uno de los movimientos más significativos entre las dos olas es el que ocurre en el registro emocional de la ciudadanía. En diciembre de 2025, la esperanza encabezaba los sentimientos frente a la situación del país con el 25,3%, aunque los sentimientos negativos ya superaban a los positivos en el agregado (53,8% versus 44%). En febrero de 2026, la esperanza cedió el primer lugar a la preocupación y la desconfianza, que treparon al 25,3% de las menciones. Los sentimientos negativos alcanzaron el 56,2% frente al 42,4% de positivos.

En términos de ciencia política, ese desplazamiento importa. La esperanza es un activo de gobernabilidad que amortigua el descontento presente apelando a la promesa futura. Cuando la preocupación la desplaza del primer lugar, el amortiguador se debilita. No se rompe, pero cede. En línea con eso, la expectativa de mejora futura (la variable que mejor predice la tolerancia social al ajuste) cayó tres puntos entre diciembre (45,5%) y febrero (42,5%). Sigue siendo positiva en términos netos, pero la dirección del movimiento es la que debe leerse: va hacia abajo. Es un capital que se consume con el tiempo, y el tiempo no es neutral cuando el horizonte presidencial se acerca.

EL INDEC Y LA GRIETA SOBRE LOS DATOS

La medición de febrero incorporó una dimensión que excede lo económico y entra en terreno institucional: la percepción sobre la credibilidad del Índice de Precios al Consumidor. Para el 48,3% de los encuestados, el dato de inflación publicado mensualmente por el INDEC no refleja la realidad de los precios en su vida cotidiana. Y entre quienes desconfían del indicador, el 54,1% atribuye la decisión del gobierno de frenar una revisión metodológica del índice al temor a que el nuevo dato muestre una inflación más alta.

Este hallazgo requiere contexto. La desconfianza en las estadísticas oficiales no es un fenómeno nuevo en Argentina: tiene una historia larga, con el capítulo más grave de intervención al INDEC entre 2007 y 2015, cuyas consecuencias sobre la credibilidad del organismo se extienden hasta hoy. Que casi la mitad de la ciudadanía siga mirando con escepticismo el termómetro oficial, incluso en un contexto de desaceleración inflacionaria real, habla de una deuda de credibilidad institucional que ningún gobierno cancela en un ciclo. Lo que sí es nuevo, y relevante para el análisis de coyuntura, es que esa desconfianza técnica empieza a articularse con una narrativa de sospecha sobre las motivaciones gubernamentales. Cuando la discusión metodológica se convierte en un debate sobre la honestidad del gobierno con los datos, el problema deja de ser estadístico para volverse político.

LAS REFORMAS: UN MAPA HETEROGÉNEO

El panorama sobre las iniciativas legislativas del gobierno es consistente entre ambas olas en un punto central: la ciudadanía no apoya o rechaza al gobierno en bloque, sino que discrimina medida por medida. En diciembre de 2025, la Reforma Penal obtuvo el nivel de acuerdo más alto con el 72,1%; en el extremo opuesto, la Reforma Previsional acumuló el mayor rechazo (62,9% en desacuerdo). En febrero de 2026, la nueva Ley Penal Juvenil lideró los acuerdos con el 71,1%, seguida por el Acuerdo Mercosur-Unión Europea con el 59,7%. La Reforma Laboral, en cambio, generó rechazo neto: 51,6% en desacuerdo frente al 43,2% de apoyo, con una percepción ciudadana de que el principal beneficiario será el sector empresarial grande (53,5%) y no los trabajadores (18,4%).

Esa heterogeneidad no es accidental. Las reformas que generan consenso son aquellas que apelan a demandas de orden y seguridad (de larga data en la agenda ciudadana) o que tienen un componente de inserción internacional que la mayoría percibe como positivo. Las que generan rechazo son las que afectan derechos adquiridos en el mercado de trabajo y en el sistema previsional, precisamente las que impactan sobre las condiciones materiales de los sectores que ya declaran llegar con dificultad a fin de mes. El gobierno puede avanzar legislativamente con mayor velocidad en aquellas reformas donde el consenso ciudadano acompaña; encontrará mayor resistencia social en aquellas donde los sectores vulnerables perciben que pierden protecciones.

LA OPOSICIÓN QUE NO TERMINA DE CONFIGURARSE

Si hay una constante que atraviesa el monitoreo de opinión pública desde el inicio de esta gestión, es la debilidad estructural del espacio opositor como actor relevante en la formación de preferencias. En febrero de 2026, el 97,1% de los votantes de Sergio Massa desaprueba la gestión nacional, y el 95,9% muestra mucha o algo de desconfianza hacia el gobierno. Esa cifra extrema no es un activo político de la oposición: es fidelidad negativa sin capacidad de expansión. El kirchnerismo retiene a los suyos con intensidad; lo que no logra es generar adhesiones en el segmento que no se identifica con su espacio. Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa siguen liderando las imágenes negativas en el conjunto de la ciudadanía. Ningún liderazgo opositor muestra, en las mediciones actuales, capacidad de capturar al votante desconforme con la gestión que no tiene adónde ir dentro del universo peronista.

Esa es la paradoja más relevante del momento político: hay un 50,7% de desaprobación a la gestión y, al mismo tiempo, no hay un polo opositor que lo contenga ni lo represente. El descontento social existe; el canal político que lo procese, por ahora, no. Una oposición que no compite con propuesta propia es también una oposición que no controla. Y el ejercicio real del control institucional (en el Congreso, en el debate público, en la generación de alternativas creíbles) es lo que hace funcionar al sistema democrático con independencia de quién gobierne. La debilidad opositora no es buena noticia exclusivamente para el oficialismo: es un problema de calidad institucional que le concierne al conjunto.

LA PARADOJA EN PERSPECTIVA

Los datos de diciembre de 2025 y febrero de 2026 configuran un cuadro que tiene su propia lógica interna: el gobierno sostiene niveles de aprobación relevantes mientras la mitad de la sociedad no llega a fin de mes, la inflación vuelve al tope de la agenda de problemas, la confianza en los indicadores oficiales está erosionada, el sentimiento predominante pasó de la esperanza a la preocupación, y la expectativa de mejora futura cede por tercer trimestre consecutivo. Que esto ocurra sin una caída sostenida de la aprobación tiene explicaciones que la ciencia política puede ofrecer.

Hay una evaluación comparativa con el ciclo anterior que todavía opera como factor de legitimación: para un segmento significativo de la ciudadanía, el punto de referencia no es un estándar abstracto de bienestar sino la experiencia concreta de la crisis de 2023 y la memoria de la inflación del 211% anual.

Hay una expectativa que, aunque en descenso, sigue siendo positiva en términos netos. Y hay una ausencia opositora que no ofrece alternativa creíble ni canal de encauzamiento del descontento. Ninguno de esos factores es permanente. La memoria del ciclo anterior se gasta con el tiempo. La expectativa se consume si la recuperación no alcanza los bolsillos. Y la ausencia opositora puede resolverse (para bien o para mal del sistema) con la emergencia de nuevos liderazgos o la reconfiguración de los existentes.

Lo que los datos permiten afirmar con rigor es que el gobierno llega a 2026 con una base sólida, pero sin margen de expansión. Con una sociedad que tolera el ajuste, pero acumula fatiga y con una oposición que no está en condiciones de capitalizar ese malestar. Ese es el punto de partida de un ciclo que, hacia 2027, se volverá inevitablemente más competitivo. El mapa de las fisuras ya está dibujado. La pregunta es quién, y con qué propuesta, las va a saber leer.