Servidores vs. vividores

¿Qué le corresponde hacer a un gobierno que se encontró con un aumento injustificado del personal en la Administración Pública? Por razones de justicia y de economía tiene que proceder a despedir a los que ingresaron por criterios políticos y a quienes cumplen una tarea innecesaria.

Es injusto que alguien ingrese a la planta permanente del Estado gracias a un privilegio político. Además de discriminatorio, vulnera el requisito de idoneidad y el principio de igualdad ante la Ley.

Asimismo, es moralmente inaceptable asignar recursos de los contribuyentes para sostener empleos ficticios cuando hay una gran cantidad de necesidades sociales urgentes que el mismo Estado tiene como prioridad atender.

Por eso, es contradictorio que los gremios y los referentes sociales que supuestamente defienden a las clases populares sean quienes se oponen a los despidos de privilegiados vividores públicos. De hecho, si de estricta justicia se trata, además de despedirlos tendrían que ser obligados a devolver las asignaciones que percibieron por un trabajo mal habido.

LOS NUMEROS

Para ponerlo en números, de acuerdo a los datos que figuran en los presupuestos nacionales, el gobierno de Néstor Kirchner recibió en el año 2003 una plantilla de 266.165 empleados, sumando los de la Administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. De ese total, unos 258.732, es decir la mayoría, figuraban en la planta permanente.

A fines de 2015, el gobierno de Mauricio Macri heredó un total de 403.839 (+51,7%) empleados, de los cuales 389.159 (+50,4%) figuran en la planta permanente. Es decir, durante el kirchnerismo el empleo público nacional sumó 137.674 agentes y de ellos, 130.427 ingresaron a la planta permanente. En tanto, en el Poder Legislativo Nacional, donde paradójicamente se debatió poco, el personal se incrementó en este período en 6.938 empleados, cuando habían quedado pendientes, previo a 2003, proyectos de reforma administrativa, como el Ágora.

Por su parte, en el Ministerio Público se pasó de 3.173 a 11.072 empleados (+248%) ; en la Jefatura de Gabinete de Ministros de 735 a 2.051(+179%) y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 1.210 a 21.763 (+1.700%).

Es moralmente inaceptable asignar recursos de los contribuyentes a empleos ficticios, cuando hay necesidades sociales que atender

Además, con la estatización exprés de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) -que incluyó el irresponsable apoyo de algunos opositores de entonces- sus empleados pasaron al sector público. Por lo tanto, de los 5.861 empleados que había en 2003 en las Instituciones de la Seguridad Social, pasaron a registrarse 17.556 en 2016 (+200 %).

EL PAPEL DE LOS SINDICATOS

Es cierto que a través del monitoreo de los presupuestos nacionales al incremento del empleo público se lo vio crecer año tras año durante los gobiernos kirchneristas. Pero, no es menos cierto que los contribuyentes no están agrupados para realizar campañas o movilizaciones denunciando una injusticia cuyo costo tendrán que solventar.

En cambio, los sindicatos de empleados estatales se oponen a los justificados despidos en el sector público porque priorizan la defensa de su caja y no el interés general. En efecto, cuantos más empleados públicos hay, los sindicatos estatales pueden sumar mayor cantidad de afiliados y de ahí, la lógica de oponerse a los despidos.

De esta manera, los empleados de carrera que pueden sentirse orgullosos de trabajar como servidores públicos ven contaminado el ámbito laboral estatal por una invasión de vividores públicos y sindicatos que no los representan.

En este debate fundamental, es importante dar a conocer los números y además apelar a la experiencia comparada informando sobre la cantidad de empleados públicos en otros países.

Al respecto, una de las tareas que tendrán que asumir los nuevos medios públicos de comunicación es la de brindar un importante espacio al debate presupuestario pues, como decía Juan Bautista Alberdi, “en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país”.

(*) Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)