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Con el aumento de tarifas, el sistema de recolección de la basura y el protocolo antipiquetes como ejes de debate, el Concejo Deliberante sesionó ayer por primera vez en el año, dándole estado parlamentario a más de 260 expedientes. Fue un escenario en el que primaron los cruces continuos entre el oficialismo y la oposición durante más de tres horas.
El primer debate político fuerte enfrentó al presidente del Concejo, Fernando Ponce, con los presidentes de los bloques del FpV Nacional y Popular, Guillermo Cara, y del FpV-PJ, Fabián Lugli, que se cruzaron en torno al incremento de la inflación y la suba de las tarifas, por lo que habían pedido la convocatoria al Consejo Económico Local y la creación de una comisión revisora del convenio con Edelap.
Fue entonces cuando Ponce bajó del estrado a su banca y decidió responder. “Estamos sincerando los precios del país que ustedes nos dejaron, háganse cargo”, disparó y agregó: “La ex Presidenta no la pronunció más de tres veces en 12 años”.
Y prosiguió: “En el gobierno anterior los servicios no aumentaban porque (Julio) De Vido daba subsidios a través de su chequera y (Guillermo) Moreno amenazaba a los empresarios a punta de pistola”, quien concluyó su alocución exclamando: “No los veo colgando carteles por la detención Lázaro Báez, espero que Cristina Fernández declare en abril qué hizo con todo lo que se robó”.
Las palabras de Ponce desataron una fuerte polémica dentro del recinto, que precedió a otra posterior: los reproches de Gabriel Bruera por la “falta de transparencia” del nuevo gobierno, que “aún no ha enviado el texto del nuevo convenio con Esur” y además -denunció- mantiene trabajando en las luminarias públicas cuadrillas de la Ciudad de Buenos Aires”. Bruera afirmó además que el sistema de reciclado de la bolsa verde “no se está realizando”.
También se discutió con énfasis la propuesta de una audiencia pública para debatir el protocolo antipiquetes. Mientras el peronismo afirmó que “el Concejo no tiene competencia para legislar sobre derechos constitucionales”, desde el frente Progresista, Gastón Crespo consideró que una audiencia pública no mejoraría la calidad del debate más que en las comisiones del cuerpo. Afuera, en la vereda, organizaciones sociales repudiaban el proyecto que en poco tiempo tendrá su tratamiento.
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