“El Servicio Penitenciario se autogobernaba”, afirmó Vidal

La gobernadora, María Eugenia Vidal, intervino ayer el Servicio Penitenciario Bonaerense debido a que, según afirmó la propia mandataria, “la fuerza se autogobernaba” en función de “pactos de connivencia” de gobiernos anteriores.

Se trata de una medida que implicó, como adelantó EL DIA en su edición de ayer, el descabezamiento de la cúpula de esa fuerza y el desembarco en su lugar por 90 días de funcionarios civiles del ministerio de Justicia.

Durante ese lapso, la jefatura del Servicio Penitenciario, hasta ahora a cargo de Fernando Díaz, será ejercida por el hasta ahora subsecretario de Políticas Penitenciarias, Juan José Baric.

La decisión de la gobernadora incluye además el pase a retiro y disponibilidad de 132 agentes y de cinco secretarios y cinco subsecretarios.

También se anunció el envío a la Legislatura un proyecto de ley para la sanción de un nuevo estatuto para el personal penitenciario.

Durante una conferencia de prensa donde comunicó oficialmente la intervención de la fuerza, la Gobernadora afirmó que “el Servicio Penitenciario bonaerense funcionaba mal pero a lo largo de la democracia nadie quiso reformarlo, la fuerza se autogobernaba y eso se terminó”.

Acompañada de Ferrari, en el salón de usos múltiples de la Casa de Gobierno, Vidal reconoció que la inseguridad “es lo que más preocupa a los vecinos, y esto no se resuelve con parches; parte del compromiso era dar más seguridad y eso implica pelear contra las mafias, contra el narcotráfico, contra el juego clandestino y luchar contra la corrupción y el mal funcionamiento de las fuerzas policial y penitenciaria, dar más transparencia y que el poder civil tenga más poder de decisión que antes”.

El Servicio Penitenciario representó el área con el primer conflicto de envergadura que encontró la mandataria provincial tras asumir su cargo el 10 de diciembre, con la triple fuga de la unidad penitenciaria de máxima seguridad de General Alvear, de donde el 27 de diciembre se escaparon los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, Martín y Cristian Lanatta y Víctor Eschilaci.

HABIA CONNIVENCIA

La Gobernadora destacó que la decisión que se toma sobre el área no implica únicamente el descabezamiento de la cúpula sino “una reforma integral”, y explicó: “Esto es mucho más profundo, ya que no creemos que las purgas resuelvan los problemas” y definió que “se trata de dar pelea en cómo funciona el sistema”.

Y admitió que una medida estas características “entraña riesgos, alguien no lo decidió antes porque había pactos de connivencia y dejaba que se autogobierne, pero este equipo va a dejar todo para dar esta pelea”.

Y respecto de los desplazamientos y pases a retiro aplicados, así como de la puesta en “estado de prueba” de los agentes a cargo, afirmó que “nadie sospechado de ser parte de un delito puede ser parte de nuestro equipo”, y agregó que “estamos convencidos del cambio”.

Y prosiguió: “Cuando uno convive o deja hacer, se convierte en cómplice y antes de ser cómplices nosotros asumimos riesgos”, por lo que “miedo no es algo que podamos darnos el lujo de tener”.

Vidal apuntó que “no hay ningún organismo de derechos humanos que en 10 años reconozca algún avance (en el sistema carcelario bonaerense), no hay ni una imagen positiva“.

REFORMA INTEGRAL

La reforma puesta en marcha está enfocada en dos grandes ejes: la reestructuración del Servicio Penitenciario Bonaerense y el tratamiento de los Internos.

Dentro de la reestructuración del Servicio Penitenciario Bonaerense se desplazó al jefe del Servicio, Fernando Díaz, a 5 directores y 5 subdirectores y se pasó a retiro y disponibilidad a 132 agentes; en tanto se prevé el cambio de las escalas del resto de los agentes para garantizar el cumplimiento de las tareas de seguridad y tratamiento penitenciario.

El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, también presente en la conferencia de prensa, calificó a la reforma puesta en marcha como “la más profunda reforma que se ha hecho desde la democracia”.

“Por 90 días un subsecretario, un civil, evaluará el desempeño de todos los que cumplen función y al fin de esa evaluación confirmará o no la continuidad al frente de ese cargo”, precisó.

Y adelantó que “se enviará a la Legislatura a la espera de que los bloques hagan su aporte, un nuevo estatuto del personal que está vigente desde 1980, es decir se reemplazará una ley de la dictadura para democratizar el Servicio Penitenciario provincial”.