Declararon la Emergencia Administrativa y Tecnológica

La Cámara de Diputados bonaerense sancionó hoy la Ley que declara la Emergencia Administrativa y Tecnológica en la provincia de Buenos Aires y que crea un nuevo sistema de contratación de personal, en el marco de una multitudinaria marcha de gremios estatales que se oponen a la norma.

La sanción de la Ley se dio mientras miles de empleados públicos, docentes, médicos, estudiantes, policías, trabajadores judiciales, de minoridad, de Astilleros Río Santiago y del Banco Provincia, manifestaban frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura bonaerense, en La Plata, para repudiar la iniciativa.

De hecho, un grupo de manifestantes rompió la valla de calle 7 entre 51 y 53, arrojó piedras a la puerta de ingreso lateral de la Legislatura y prendió fuego cubiertas sobre la rambla de acceso al edificio.

El proyecto, que había sido aprobado hace 20 días en el Senado, declaró la emergencia administrativa y tecnológica en la administración pública provincial, y busca agilizar y transparentar los procesos de licitación en la provisión de bienes y servicios.

Para ello, durante la vigencia de la emergencia de un año se reducirán los plazos de las licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas del Estado provincial.

Establece que el organismo contratante de bienes y servicios deberá solicitar tres ofertas o cotizaciones y luego podrá adjudicarlos, previo dictamen de la Fiscalía de Estado que tendrá un plazo de 72 horas para su respuesta.

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En caso de que el monto supere la cantidad de unidades de contratación que la reglamentación determine, se dará intervención con carácter previo a la adjudicación, a la Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, para que estos actúen en forma simultánea y emitan su opinión en un plazo máximo y común de cinco días hábiles.

Sin embargo, la polémica se instala en los artículos 25 y 26 de la Ley, que crean un nuevo régimen de contratación de la administración pública y a lo que denomina "Personal de Gabinete".

Para ello, autoriza a los ministros y titulares de órganos descentralizados a contratar a una persona para que preste un servicio determinado sin sujeción a un resultado concreto, siempre que responda a una necesidad de carácter transitorio o estacional debidamente documentada y que por su complejidad o especialización no pueda ser cumplida por personal permanente.

Establece además que la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prórroga, ni creará una relación laboral de dependencia, y que una vez operado su vencimiento, el contratado deberá finalizar las tareas a su cargo sin derecho a remuneración adicional alguna.

La Ley de Emergencia se votó sin debate, ya que el diputado de La Cámpora Miguel Funes pidió al titular del cuerpo, Jorge Sarghini, que ingresara una delegación de representantes de los trabajadores a los palcos, pero éste se opuso dado que afuera de la Legislatura algunos manifestantes habían provocado desmanes.

En ese sentido, el diputado Fernando “Chino” Navarro dijo que “pensé que los 90 habían quedado atrás. No vamos por buen camino si la policía tiene que poner orden, si los trabajadores no pueden ingresar al lugar en donde estamos quienes los representamos” y se preguntó: “¿Por qué no buscamos aprobar leyes que tengan que ver con el sentido común y no con la lógica de la administración pensando en la ‘eficiencia’ y dejando de lado a los trabajadores y a las mayorías populares’”.

En ese momento, el presidente del bloque de Cambiemos, Jorge Silvestre, explicó que “esta Ley fue introducida por el Senado con otra de Modernización del Estado, o sea que el Ejecutivo nos da para analizar, modificar y discutir esta segunda norma, pero mientras nos pide la Emergencia para poder llevar a cabo los procesos necesarios” y pidió una moción de preferencia para votar la Ley sin debate.

Allí, se generó una fuerte discusión entre los legisladores por lo que Sarghini pidió que se vote la ley que contó con el apoyo de Cambiemos, el Frente Renovador, el FAP, el bloque Justicialismo Bonaerense que integran Hugo Oroño y Mario Giacobbe y el unibloque de Peronismo Bonaerense que conforma Mónica López.

En tanto, las tres bancadas en las que se dividió el Frente para la Victoria se opusieron a la norma a los que se sumó el unibloque de Izquierda de Guillermo Kane.

De la movilización participaron estatales de todos los sectores, de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), SOEME y Aemopba; docentes de SUTEBA, FEB, SADOP (privados) y UDOCBA, y judiciales nucleados en la en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). También marcharon los médicos y profesionales de la salud de CICOP, el sindicato policial SIPOBA, la comisión gremial del Bapro, el Sindicato de Conductores de Taxi de La Plata, la Federación Universitaria platense (FULP), Polo Obrero y Quebracho.

Miguel Díaz, líder de UDOCBA, afirmó que “estamos acá para rechazar la destrucción del Estado, la flexibilidad laboral y el ajuste de la gobernadora María Eugenia Vidal”.

Oscar de Isasi, titular de ATE provincia de Buenos Aires, dijo a Télam que “no descartamos hacer un paro y movilización para la semana próxima” y detalló que “planeamos convocar a una gran marcha multisectorial para junio, no sólo con los gremios sino también con los pequeños productores de la zona afectados por el plan económico del gobierno”.

En tanto, Raúl Calamante, Secretario Adjunto de la CTA provincia de Buenos Aires y secretario de Interior del Suteba, manifestó a esta agencia que “la marcha de hoy fue una señal muy clara de la unidad de la clase trabajadora, que demuestra la voluntad firme de rechazar la propuesta política de ajuste y de flexibilización laboral que se pretende implementar en la provincia”.