La Provincia busca habilitar la figura del “arrepentido”

Los fiscales penales de la Provincia podrán pactar acuerdos de colaboración con imputados “arrepentidos” por el aporte de información que permita esclarecer el delito investigado u otros ilícitos. Esos acuerdos, luego, serán homologados por los jueces de Garantías, quienes, en base a la “calidad” de los datos aportados, morigerarán las condenas que se apliquen a esos imputados.

Así lo dispone un proyecto de ley que impulsa el gobierno de María Eugenia Vidal y que será enviado a la Legislatura apenas se inicie el período de sesiones ordinarias 2017.

La iniciativa, a la que tuvo acceso EL DIA, propone reformar el Código de Procedimiento Penal de la Provincia para incluir por primera vez a nivel bonaerense la posibilidad de que fiscales y jueces realicen acuerdos para morigerar penas o, directamente, para archivar las causas en los casos en que los imputados accedan a brindar información sobre los delitos investigados.

La reforma del Código propone incluir la posibilidad de que fiscales y jueces puedan morigerar penas o archivar causas a imputados que aporten información

A nivel nacional la figura ya existe e incluso fue ampliada a fines del año pasado. En efecto, el 2 de noviembre pasado comenzó a regir a partir de la publicación en el Boletín Oficial de una ley sancionada por el Congreso que extiende la figura del arrepentido en Código Penal para que abarque casos de corrupción, delitos contra el Código Aduanero y asociación ilícita.

Antes, sólo era aplicable para los delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.

Pero en la Provincia, el proyecto que impulsa el Ejecutivo no establece limitaciones por tipo de delito para aplicar esta figura.

“Uno de los objetivos que perseguimos con este proyecto es adecuar la ley provincial con la ley nacional. Necesitamos estar en sintonía para combatir el delito con las herramientas adecuadas”, explicó Adrián Grassi, subsecretario de Justicia bonaerense.

En la cartera que conduce Gustavo Ferrari se redactó el proyecto que destaca que el origen de la figura del arrepentido “ha sido ubicado en Italia, donde fue concebida como herramienta para combatir las organizaciones delictivas de la mafia y la camorra”.

articulado

El proyecto que el Ejecutivo girará a las Cámaras en las próximas semanas tiene dos grandes ejes. Uno de ellos apunta a alinear la legislación nacional con la provincial estableciendo los denominados “acuerdos de colaboración”, tal como están contemplados en el Código Penal.

Básicamente, el articulo 2º de la iniciativa indica que los acuerdos con los imputados deberán realizarse antes del cierre de la investigación penal preparatoria.

El imputado reconocerá su responsabilidad y aportará información que permita condenar a otros actores de mayor peso en el delito investigado o en otros ilícitos.

Los acuerdos que se alcancen entre los fiscales y los imputados deberán luego ser homologados por los jueces de Garantías, que, tras evaluar la información aportada, podrán morigerar las sentencias y dictarlas en forma abreviada.

Pero el proyecto que impulsa el gobierno de Vidal también contiene disposiciones que no están contempladas en la legislación nacional y que tienen que ver con la particularidades de los delitos con mayor impacto a nivel bonaerense.

En efecto, la norma contempla que cuando los arrepentidos no solamente aporten datos significativos para desbaratar una organización sino que además hayan tenido una participación menor en el ilícito, el fiscal interviniente podrá archivar las causas abiertas en su contra.

En estos casos, los arrepentidos deberán obligatoriamente declarar como testigos en esas causas, lo que implica el juramento de decir la verdad.

Esta herramienta fue pensada, revelaron fuentes del ministerio de Justicia, por ejemplo, para los casos de bandas que cometan piratería del asfalto, para el robo automotor o para las usurpaciones de terrenos, entre otros ilícitos.