La salida de ocho comunas de Absa dispara un fuerte conflicto entre sindicatos

Desde hace algunos meses, la empresa Aysa se hizo cargo del servicio de agua y cloacas en los distritos de José C. Paz, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, San Miguel, Presidente Perón y Escobar que prestaba la bonaerense Absa.

Fue a pedido de los intendentes y a partir de los fuertes cuestionamientos que recibía la empresa provincial por la pobre calidad de las prestaciones que brindaba. La Legislatura terminó avalando la “mudanza” y aprobó una ley para darle sustento.

Pero esa ley dejó sin atender una cuestión: la de los trabajadores que pasaron a Aysa con esa cesión y su encuadramiento sindical. Fue así que el gremio de Obras Sanitarias bonaerense movió sus fichas y logró que antes de fin de año el Parlamento provincial aprobara otra ley que le reconoce al Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia (Sosba) la representación de los cerca de 500 empleados que fueron transferidos.

Así, se aseguró no perder las afiliaciones de esos trabajadores.

Pero en las últimas horas habría entrado en escena el gremio que lidera a nivel nacional José Luis Lingeri que buscaría quedarse con las afiliaciones de esos 500 agentes.

La cuestión por estas horas se cocina en medio de versiones que hablan de una serie de gestiones de ese sector para que la gobernadora María Eugenia Vidal vete la ley que otorga representación sindical exclusiva a Sosba, el sindicato que lidera Julio Castro, y que le posibilitaría a Lingeri disputar esos afiliados.

Sosba cuenta con unos 5.000 afiliados, de manera tal que lo que está en disputa no es menor: se trata del 10% de sus adherentes.

En medio de estos tironeos y negociaciones subterráneas, Fegeppba, la federación de gremios estatales que incluye a Sosba, salió a respaldar al gremio de Castro “ante el intento de algún sector sindical de la órbita de Capital Federal de evitar la legítima representación de los trabajadores sanitarios bonaerenses involucrados en la transferencia de servicios sanitarios a la órbita de una empresa estatal administrada por la Nación”.

Y añadió que “este conflicto de jurisdicción y de representatividad debe ser atendido a través de la ley votada por consenso general y que hoy el Poder Ejecutivo bonaerense debe promulgar como dictan las normas constitucionales vigentes”.