Piden juicio político contra el fiscal general de Mar del Plata

Organismos de Derechos Humanos y sindicales presentaron ayer formalmente un pedido de juicio político contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, a quien acusaron de haber participado en la “estructura represiva” durante la última dictadura.

El planteo fue presentado ante la secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia y lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga por los Derechos del Hombre, la Comisión por la Memoria, el Cels, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina.

La presentación se funda en la participación de Fernández Garello como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA) durante los años 1978 y 1981. La Comisión por al Memoria presentó en noviembre pasado pruebas que documentarían este paso de Fernández Garello por el organismo desde donde se realizaban tareas de inteligencia contra movimientos sociales y políticos, que fueron presentados ante la Justicia de San Isidro y San Martín.

“Esta documentación permitió constatar, entre otros hechos, que Fernández Garello se desempeñó como Oficial de Inteligencia con el rango de Subinspector de la DIPPBA, donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de estado”, explicaron los organismos de DDHH:

Su imputación por la participación en crímenes de lesa humanidad se extiende a dos causas. En la primera se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y en la segunda el secuestro de militantes comunistas.

En la presentación realizada, los organismos de Derechos Humanos sostienen que “la continuidad y permanencia en sus cargos de funcionarios judiciales que han participado de secuestros ilegales, espionaje, seguimiento y determinación de ‘blancos’ para su posterior secuestro, infiltración y efectiva participación en los secuestros y torturas, debe ser revisada con celeridad”.

Por esto, se exige la “inmediata” conformación de un jurado de enjuiciamiento para que “se aboque con carácter urgente al tratamiento de la presente denuncia procediendo a la remoción del mencionado funcionario, dada su probada condición de imputado en delitos de lesa humanidad así como también su falta de idoneidad por haber sido parte de la estructura represiva”, solicitando además la suspensión en su cargo mientras se tramite el proceso.

JUEZA DE MENORES

En tanto, la jueza Alejandra Velázquez, quien fuera titular del Juzgado Nº 1 de Familia de San Isidro hasta hace unos pocos meses, se encuentra a un paso de la destitución. Velázquez fue denunciada de enviar a trabajadores sociales a buscar mujeres embarazadas entre familias carenciadas, para luego acelerar el proceso de adopción de los niños a matrimonios acaudalados de diversos countries de la zona a cambio de pagos de importantes cantidades de dinero.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios sesionará hoy para definir la suspensión definitiva de la letrada, que actualmente se encuentra apartada como titular del juzgado de familia. En caso de confirmarse la sanción definitiva, Velázquez quedaría a un paso de la destitución.

Además del apartamiento preventivo de sus funciones, la Corte Suprema de Justicia también licenció a la jueza de sus funciones de manera forzosa. Velázquez se enfrenta a varias denuncias en su contra debido a irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.

En el expediente de la causa, se indica que la jueza habría ofrecido una retribución económica a trabajadores sociales a su cargo, a cambio de que éstos visitaran barrios carenciados de la zona de Pilar para dar con mujeres que no puedieran sostener la manutención de un nuevo hijo, y dicha tarea sería asumida por familias de buen pasar económico que pagarían por esa tarea.