Quieren prohibir nombramientos de hijos y parientes en el Estado

“Los nombramientos en el sector público que reconozcan como única causa el parentesco o afinidad con el funcionario que realiza la designación, resultan contrarios a la ética que debe guiar los actos y conducta de todo servidor o funcionario público”. Con esos argumentos, un diputado provincial del oficialismo presentó un proyecto para prohibir las designaciones de hijos y parientes en todos los poderes del Estado.

La iniciativa promete generar ruido. Su autor es el legislador de Cambiemos, Guillermo Castello, un dirigente de la Coalición Cívica, el sector que lidera Elisa Carrió. Y se basa en situaciones que se registran en diversos estamentos oficiales donde muchos funcionarios recurren a sus parientes para ocupar cargos de relevancia en la gestión pública.

En Bragado, por ejemplo, el intendente oficialista Vicente Gatica colocó al frente de la secretaría de Desarrollo Social a su hija Natalia. Y el marido de ésta Mauricio Tomasino, es el secretario de Gobierno.

No es el único caso. En Hipólito Yrigoyen, el peronista Jorge Cortés nombró a su esposa Sonia Gallinotti como directora del Centro Regional Universitario. Su hermano, José Cortés, está al mando de la Secretaría de Seguridad. Y la hija del alcalde trabaja en el servicio local de Minoridad.

Los casos se multiplican por toda la Provincia. En Mercedes, por ejemplo, el intendente camporista Juan Ignacio Ustarroz, medio hermano del diputado nacional Eduardo “Wado” de Pedro y sobrino del ex diputado provincial Alberto España, tiene a varios de los suyos en el equipo municipal.

El mejor ubicado es su hermano Gerónimo, quien se desempeña como jefe de Gabinete. Antes, vale recordar, fue director general de la Administración del Ministerio de Justicia y funcionario del Consejo de la Magistratura y de la Secretaría General de la Presidencia. Aderroz colocó a su hermano Gerónimo como jefe de Gabinete. Su suegra, Silvia Respuela, trabaja en la rirección de Cultura junto a su tía, Claudia Révora.

“El nepotismo es una variante de clientelismo político con la que se persigue garantizar el control político del aparato estatal y resentir la obligación de rendir cuentas”

Guillermo Castello
Diputado de Cambiemos

Para el diputado Castello, hay que ponerle freno a esta situación. No hay antecedentes de una legislación antinepotismo en el país a excepción de un intento fallido en Chubut. “Avanzó una ley en ese sentido pero fue vetada por el gobernador Mario Das Neves”, apuntó el diputado. En cambio, otros países como Paraguay y Perú cuentan con normativas que prohíben la designación de parientes de funcionarios.

La iniciativa de Castello prohíbe el nombramiento de parientes propios “en razón de la naturaleza (consanguíneos) en línea recta (ascendiente o descendiente) en cualquier grado y en línea colateral hasta el cuarto grado”; cónyuges; parientes por afinidad en igual medida y grado que respecto a familiares propios por consanguinidad; pareja conviviente y parientes de esa pareja.

“La prohibición no se aplicará en los casos en los que mediaren procesos de selección competitivos y meritocráticos”, aclara.

SANCIONES

El proyecto establece sanciones para quienes contraten parientes. Quien lo hiciere será sancionado con inhabilitación para ejercer la función pública por hasta cinco años.

“El beneficiado con el nombramiento o contratación en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será castigado con la misma pena prevista para el autor. Ambos, autor y beneficiado, serán solidariamente responsables por la devolución de los salarios cobrados indebidamente”, se indica en la iniciativa.

También se establece que los titulares de los órganos dependientes de los tres poderes deberán remover o restituir a su cargo original a los agentes públicos en situación de nepotismo, a partir de que tomen conocimiento del hecho, o requerir igual diligencia a la autoridad encargada de nombrar, designar o contratar.

Y concluye que los nombramientos provisorios o contratos realizados con anterioridad a la vigencia de la norma, no podrán ser renovados.

Para Castello, el nepotismo significa “un abuso de poder realizado en beneficio de parientes y amigos” y supone un “desvío de la buena administración”.

“Es un caso especial de conflicto de intereses en la medida que se utilizan y distribuyen recursos del Estado en interés de unos pocos en detrimento del interés general, a la vez que restringe el acceso en condiciones de igualdad a la función pública”, acotó.

Para Castello, esta práctica extendida en diversas áreas “entorpece la formación de un funcionariado profesional y competente”. Y añadió: “Es también una variante de clientelismo con la que se persigue garantizar el control político del aparato estatal y resentir la obligación republicana de rendir cuentas”.

La iniciativa no contempla el caso del armado de listas de candidatos con parientes. “Estudiamos ese caso y creemos que para avanzar habría que modificar la Constitución”, dijo el legislador.