Sospechas y “datos secretos” dentro del Tribunal de Cuentas

Los conflictos internos y las polémicas en el Tribunal de Cuentas bonaerense no ceden. Ahora se conoció el reclamo de un alto funcionario del propio ente para que el presidente informe las sanciones que se aplicaron producto del examen de las cuentas de los diversos organismos y la metodología que se utiliza para el cobro de las multas y cargos por esas irregularidades. Su intento fue en vano: le negaron la información.

La presentación es por demás inusual y genera no pocas sospechas. Se enmarca, además, en la pelea interna que se libra en el Tribunal, virtualmente divido en dos facciones.El nuevo capítulo de la polémica fue protagonizado por el relator Carlos Lunghi, de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso este diario. Encargado de examinar los gastos que ejecuta el Tribunal y su presidente, Eduardo Grinberg, requirió un detallado informe acerca de las sanciones monetarias que aplica el organismo y el grado de avance en la ejecución de las causas que lleva adelante la Fiscalía de Estado.

En medio de varios cruces epistolares, Lunghi no pudo hacerse de esa documentación: Grinberg reunió a sus vocales aliados y rechazó el reclamo por considerar que no se correspondía con el estudio de las cuentas del Tribunal que está a cargo del relator.

De esta manera, el funcionario encargado de auditar las cuentas del organismo no pudo acceder a documentos que indiquen el monto de las sanciones que se aplicaron a funcionarios provinciales y municipales por diversas irregularidades en ejecuciones presupuestarias, los expedientes que se giraron a la Fiscalía de Estado para que ejecute el cobro y lo efectivamente recaudado a partir de esas actuaciones.

Se trata de un aspecto central: el relator procuró conocer de las sentencias firmes, cuántas llegaron efectivamente a la Fiscalía de Estado y el monto de lo cobrado, para poder contrastar esa documentación con los fallos emanados del propio Tribunal. Grinberg, como se dijo, reunió al plenario del cuerpo donde cuenta con mayoría, y rechazó el pedido.

La cuestión vuelve a envolver en un manto de sombras al Tribunal de Cuentas, que ha quedado en el ojo de la tormenta no sólo a partir de sus furibundas disputas internas sino además porque sus fallos están bajo la lupa de la Justicia a partir de la denuncia de Elisa Carrió contra el ex gobernador Daniel Scioli por los presuntos delitos de enriquecimiento y lavado de dinero.

Carrió puso la lupa sobre los gastos de diversos organismos como IOMA, Lotería, Absa y el Astillero Río Santiago. En el caso de la obra social, el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio 2013, apenas si encontró falencias al punto que multó a los funcionarios con la suma irrisoria de 9 mil pesos (ver aparte).

El Tribunal está a cargo de Grinberg y cuatro vocales: Gustavo Fernández, Cecilia Fernández, Héctor Giecco y Miguel Telletchea.

Y es escenario de una sorda disputa interna que muestra por un lado al presidente, Tellechea y Gustavo Fernández, y por el otro a Giecco y Cecilia Fernández.

UN DISPUTA DE FONDO

Las tensiones internas se profundizaron cuando Giecco pretendió nombrar al relator mayor de su vocalía, pero Grinberg finalmente optó por designar en ese cargo a un hombre de su confianza.

Furioso, Giecco le envió una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal en la que detalló una serie de presuntas irregularidades en el funcionamiento del Tribunal y en la que incluyó fuertes acusaciones a Grinberg.

El vocal, por caso, acusó al presidente de desintegrar “el área jurídica con el consiguiente riesgo para la Administración ante planteos de nulidad”. Y en uno de los puntos más álgidos de sus críticas a la gestión de Grinberg, disparó: “en otras palabras, un órgano que controla legalidad dicta sus decisiones sin dictamen jurídico previo”.

Luego Giecco cuestionó en esa misma carta las resoluciones vinculadas a organismos apuntados en la denuncia de Carrió. Esas cuentas fueron analizadas por la vocalía a cargo de Tellechea, un aliado del presidente.

“Propuse que se analice la cuestión con detenimiento por parte de la vocalía obligada a la realización del estudio, en atención a lo escueto de sus fallos y la falta de señalización de anomalía alguna a través de los distintos ejercicios”, dijo. Y acotó: “Siguiendo la postura de la contadora Cecilia Fernández, acompañé en disidencia más de 50 fallos donde denunciábamos la falta de transparencia en las decisiones provenientes de la vocalía Autárquicas”, que conduce Tellechea.

“No consideré adecuado que se aprobaran las cuentas de IOMA, Banco Provincia, Instituto de la Vivienda, etc, con actos que en el mejor de los casos superasen las 3 hojas”, afirmó. El resultado del análisis de esas cuentas ahora está en manos de la Justicia.

En medio de esas acusaciones, estalló otro escándalo cuando se conoció la designación por parte de Grinberg, de varios parientes y amigos de su familia. El presidente retrucó y dijo que otros vocales habían nombrado a sus hijos.

Grinberg sumó a su esposa, Susana Noemí Klurfan, que tiene a cargo un área vinculada al desarrollo de estadísticas de municipios. También incorporó a Sara Liberman, amiga de la familia del presidente.