Una actuación polémica

En Abasto, en abril de 2015, un grupo de quinteros, vecinos y militantes de agrupaciones de izquierda de nuestra región tomó medio centenar de hectáreas que habían pertenecido a una empresa textil, a la altura de 520 y 214. Con el correr de los días, el predio llegó a albergar a más de mil familias, y la localidad se sumió en un tenso y prolongado conflicto.

El 6 de mayo, el titular del juzgado de Garantías Nº3 Pablo Raele ordenó el desalojo de los ocupantes, pero al mismo tiempo, su par del juzgado Nº1 en lo Contencioso Administrativo Luis Arias dictó una medida cautelar para dejar esa expulsión sin efecto.

El desalojo se llevó a cabo igual, en medio de enfrentamientos con la Policía, con algunos heridos y detenidos, y el propio Arias en el lugar, discutiendo y cuestionando a viva voz al jefe del operativo.

Días después, jueces del fuero penal platense formularon una presentación en la Corte con severas críticas a la intervención de Arias, y el máximo tribunal terminó por anular sus actuaciones por improcedentes.

La puja abastense derivó en la expropiación de las tierras por parte del Estado, sanción de ley específica mediante, con el objeto de avanzar en un proyecto de urbanización cuyo ritmo, hasta ahora, es virtualmente imperceptible.

Vecinos de Abasto denuncian que algunos de los centenares de lotes que se “preadjudicaron” en el lugar se estarían vendiendo entre $15 y $20 mil, versión desmentidas de manera tajante por los referentes de la toma.