“Vamos a seguir la evolución patrimonial de los funcionarios”

Julio Conte Grand está convencido de que hay que trabajar para ir hacia una “recomposición institucional del Poder Judicial”. El nuevo Procurador de la Suprema Corte dice que “debemos mejorar la imagen que la opinión pública tiene de nosotros” y anunció que, con ese objetivo, hará más riguroso el régimen de presentación de declaraciones juradas de los fiscales que incluirá “un seguimiento de la evolución patrimonial” de los funcionarios a su cargo.

Durante una entrevista con EL DIA, el ex secretario de Legal y Técnica de la gobernadora María Eugenia Vidal que asumió el nuevo cargo en los últimos días de diciembre, se mostró partidario de avanzar con la autarquía presupuestaria del Poder Judicial, mostró sus reparos a la división de la Procuración para crear un área autónoma de los defensores oficiales y expresó un fuerte respaldo al funcionamiento de la Policía Judicial.

A continuación, los aspectos salientes de la entrevista.

¿Cuál es el diagnóstico que hace de lo que encontró en la Procuración?

Un primer eje pasa por liderar la recomposición institucional en la Provincia que implica la recomposición institucional del Poder Judicial. Hay que mejorar la imagen que la opinión pública tiene de nosotros. Vamos a modificar todo el régimen de declaraciones juradas que hoy es un sistema en el que la información que se proporciona es muy básica y se hace quinquenalmente. Vamos a ir hacia un sistema nuevo en el que se proporcione más información, con más detalle, que se haga anualmente, habilitar la posibilidad del seguimiento de la evolución patrimonial cruzando la información con registros oficiales, Arba o Afip. Lo segundo, que es clave, pasa por tener oficinas de puertas abiertas. Tenemos que salir mucho a la calle y mostrar a la Procuración y sus cuatro áreas (fiscalía, defensoría, curaduría y asesorías) y que la gente entienda qué hacemos. Transformar la imagen que tenemos implica un esfuerzo de gestión muy grande, por eso les he planteado a los funcionarios que mi actitud va a ser de estar presente con ellos pero al mismo tiempo exigirles. Les he advertido que voy a hacer un seguimiento muy estricto de la gestión. Este es un eje clave. Voy a definir un plan estratégico porque quiero darle una impronta de gestión a la actividad judicial. Van a existir cronogramas y objetivos y estableceremos un tablero de comando que me permita hacer un monitoreo de gestión mucho más riguroso para que se trabaje en el cumplimiento de esos objetivos.

En las visitas que viene realizando a los Departamentos Judicial, ¿cuáles son los planteos más recurrentes que escuchó?

Hay problemas edilicios muy serios que tenemos que mejorar. Hemos iniciado un relevamiento. Tenemos lugares que son propios, lugares alquilados a terceros, otros que alquila la Corte y nos cede en comodato y otros que alquila el municipio y nos lo ceden. Queremos en un mediano plazo que toda la situación edilicia esté en cabeza de la Procuración. Si el que alquila es el municipio, las necesidades políticas suelen ser incompatibles con las decisiones judiciales. Pero también hay necesidades de personal; son aproximadamente 500 casos pendientes de resolución, más los concursos y trámites de designación que son cargos funcionales jerárquicos de fiscales o defensores.

Hay sectores de la Justicia que vienen planteado dividir la Procuración. ¿Está pensando en ello?

No me parece una prioridad de gestión. Conozco las posturas y los defensores lo plantean como una inquietud. Hay que avanzar en la autonomía en ese esquema institucional donde está bien que haya una sola conducción. No obstante hay que ir hacia un equilibrio de las dos área en la investigación y compensar baches instrumentales o de recursos que tiene la defensa respecto de la fiscalía. Es un planteo bastante generalizado: me dicen que los fiscales tienen más recursos para investigar que los defensores. Mi tarea es reconocer que es un tema, pero que no es una prioridad lograr una autonomía absoluta. Las fiscalías tienen más trabajo porque intervienen en todas las causas penales y los defensores sólo en algunas, porque hay muchos casos en que las personas tienen defensa privada. Quiero una igualdad cualitativa de trato y esa es la mejor manera de garantizar la autonomía.

¿Existirán avances este año con la puesta en marcha de la Policía Judicial?

Es un instrumento fundamental de gestión. Hay un formato ya establecido y un proceso para ocupar los cargos. Tomo como punto de partida las dos cosas. Hay muchas cosas por mejorar en ese formato y los vamos a hacer en el corto plazo. Mientras tanto, el proceso de designación de funcionarios ha sufrido algún cuestionamiento judicial y está detenido. Estoy revisando, reordenando los expedientes y ver en qué situación está el trámite judicial y tomaremos las decisiones de designar o no. Mi expectativa es tener para mitad de año esa reestructuración y arrancar con pruebas piloto en algunos distritos, donde tengamos afianzado más el funcionamiento, probablemente en los más chicos. Pero tenemos que lograr que le sirva a toda la Procuración y no sólo a los fiscales. Hay que permitir más participación de la defensa. También debemos generar mecanismos que permitan mayores lazos de funcionamiento con áreas externas como Seguridad, la Policía o el Servicio Penitenciario. Y lograr algún mecanismo que nos garantice recursos. De lo contrario, será una expresión de deseos.

¿Es partidario de avanzar hacia la autarquía presupuestaria de la Justicia?

En el largo plazo el Poder Judicial debe funcionar con autarquía. Estoy trabajando con los ministros de la Corte en el análisis del proyecto y hay que definir dos cosas: si estamos en condiciones de administrar y gestionar la autarquía y, además, si estamos en condiciones de generar un mecanismo de control suficiente de la gestión de la autarquía. No se trata de tener todos los recursos a disposición, se trata de tener certeza de que contamos con una organización que los pueda administrar y gestionar adecuadamente. Y además un área que nos controle.