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Le deberían tocar 440 millones pero le asignaron 221 millones. Artículo del Presupuesto, la clave
El actual Defensor Marcelo Honores, en un reciente encuentro con la diputada nacional Margarita Stolbizer
El gobierno de Cambiemos tiene previsto reducir drásticamente los recursos de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo a la normativa vigente, al organismo encargado de velar por los derechos de los bonaerenses le debería tocar un presupuesto de casi 440 millones de pesos, pero a partir de una modificación de la ley de creación de la institución, se le pretenden asignar en 2017 poco más de 221 millones de pesos.
La gobernadora María Eugenia Vidal se dispone así a pasar la guadaña por los gastos de la Defensoría a través de una controvertida modificación de la ley que dio vida a la actividad del ómbudsman en la Provincia.
La clave está en el proyecto de Presupuesto bonaerense que por estas horas se discute en la Legislatura. Puntualmente, en su artículo 47 que cambia la forma de asignar los recursos al organismo. Así, establece que las erogaciones destinadas al funcionamiento de la institución surgirán de las partidas “que la ley de Presupuesto le asigne al funcionamiento del Defensor del Pueblo”.
Así, en primera instancia, se deja librada a la discrecionalidad del poder político de turno la fijación de los recursos de la Defensoría. Esa cuestión había sido salvada cuando se creó el organismo y en el artículo 36 de la ley que le dio vida se estableció que el presupuesto “no podrá ser inferior al 0,1% del total de erogaciones corrientes y de capital del Presupuesto general de la administración provincial para cada ejercicio anual, excluidas del presente cálculo, las erogaciones destinadas a las Instituciones de Previsión Social”.
La cuenta es simple: si se aplicara la fórmula de cálculo actual, a la Defensoría le tocarían 439.779.200 pesos. El gobierno provincial estableció, en cambio, que para 2017 pueda gastar la mitad: 221.600.400 pesos.
La comparación también va hacia la baja si se compran los presupuestos de la Defensoría del Pueblo de este año y lo que tendría el próximo. En 2016 se le asignaron fondos por 297 millones de pesos. El año próximo, como se dijo, tendría 221 millones si es que se sanciona la iniciativa tal como llegó desde el Ejecutivo.
La decisión oficial empezó a hacer ruido en la Legislatura. Más aún, cuando el cargo de ómbudsman está en juego en la discusión del proyecto de Presupuesto bonaerense para el año que viene.
Hay legisladores que comenzaron a advertir que la modificación en la ley que impulsa Vidal, colisiona contra la autarquía y autonomía establecidas en la norma por la que se avanzó con la creación de la Defensoría, un organismo establecido en la reforma Constitucional de 1994. “El Defensor del Pueblo desempeñará sus funciones con plena autonomía funcional y política, y autarquía financiera, encontrándose legitimado activamente para promover acciones administrativas y judiciales para el cumplimiento de su cometido. No está sujeto a mandato imperativo alguno, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad”, reza el artículo 12 de la ley de creación del organismo.
Diputados del peronismo se disponen por estas horas a avanzar con un planteo contrario a la decisión oficial de reducirle fondos. “La autonomía del Defensor del Pueblo consiste en dictar sus propias normas, por lo que desde su creación se ha proyectado el desarrollo de su estructura orgánica funcional y administrativa y la autarquía financiera completa las atribuciones necesarias para lograr la proclamada independencia en sus actuaciones y precisamente afrontar con su presupuesto la política institucional proyectada”, advierten.
En medio del debate por el Presupuesto, se terminó colando esta discusión. Tanto el peronismo como el Frente Renovador quieren quedarse con la Defensoría. Y se estima que ambos bloques se opondrán al recorte presupuestario.
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