Ya proponen a los estatales aumento en cuotas para 2017

El gobierno bonaerense ya diseñó un esquema de negociación salarial con los gremios estatales para el año que viene. Incluso, trascendió, altos funcionarios del Ejecutivo se lo plantearon a algunos dirigentes sindicales durante los encuentros en los que vienen hablando sobre el aumento del último trimestre del año.

La idea de la gestión de María Eugenia Vidal es que la mejora salarial no se salga de los parámetros inflacionarios trazados por el gobierno nacional, por lo que ofrecerá un incremento en cuatro cuotas que se irán pagando a lo largo del año.

De acuerdo a lo que confiaron a este diario fuentes oficiales y sindicales, el esquema es el siguiente: un aumento del 4,5% en febrero y los restantes, por el mismo porcentaje, a pagar en mayo, agosto y noviembre.

La oferta parece módica frente a las expectativas de los gremios de ir por arriba de la inflación en busca de recuperar el poder adquisitivo del salario. Por eso el gobierno bonaerense está dispuesto a incluir dos cláusulas de revisión anual en la oferta que “caerá” en los meses de mayo y agosto.

Este esquema forma parte de la idea ya anticipada por funcionarios del Ejecutivo a los sindicatos y que es negociar en diciembre una paritaria anual.

El gobierno provincial busca así despejar de conflictos el año electoral donde se juega mucho, pero la cuestión no parece sencilla de resolver.

Dirigentes sindicales consultados por este diario dijeron que se podría avanzar con el Ejecutivo en una negociación anual. “Eso no son asusta mientras exista una cláusula que claramente establezca instancias de revisión en función del aumento del costo de vida”, señalaron. Pero los porcentajes del 4,5% por cada, cuota, aparecen lejos de las expectativas gremiales.

La cuestión tiene que ver además con la forma de sacar las cuentas. En la Provincia suman cada cuota y afirman que el incremento termina siendo para todo el año del 18%. Para lo gremios, ese 18% no es real: “Anualizado es el 12%”, sostienen, porque aclarar que el aumento no comenzará a regir en su totalidad desde la primer cuota.

El aspecto vinculada a la forma de revisar el acuerdo también genera tironeos. Mientras el gobierno de Vidal busca regirse por los índice del INDEC, los sindicatos buscan quedar a cubierto ante una eventual “manipulación” de los datos, tal como ocurrió durante el gobierno anterior.

Por eso buscan que además de los resultados que arroje el estudio de ese organismo oficial, se tengan en cuenta además otros registros como el que realizan las consultoras privadas.

LA ULTIMA ETAPA

El sondeo con los gremios revela la intención oficial de cerrar rápidamente el capítulo de las paritarias 2017 por parte del Ejecutivo. De ahí que se presuma que lo propio buscará hacer el gobierno nacional con los gremios docentes antes del inicio del ciclo lectivo previsto para el 6 de marzo, que luego se replicará en la Provincia.

Pero mientras tanto, la Provincia está trabajando en el diseño de la oferta para los gremios estatales enrolados en la ley 10.430 correspondiente al trimestre octubre-diciembre.

Como viene informando este diario, la Provincia prevé otorgar una mejora cercana al 3,5%, de modo de no saltar el techo del 34,5% establecido en la paritaria con los maestros.

Pero los sindicatos reclaman que se eleve ese porcentaje y, además, otras cuestiones que consideran relevantes. La primera, la continuidad laboral de unos 15 mil empleados contratados y temporarios cuya relación laboral culmina el 31 de diciembre.

Además, los sindicatos pretenden un incremento de las asignaciones familiares y un ajuste sobre los valores que se pagan por viáticos y movilidad.

Pero además, sigue latente otra cuestión con la que los sindicatos irán a la carga apenas cierren esta negociación hacia mediados de este mes: el pago de un bono de fin de año.

Los gremios aguardan que el gobierno nacional establezca la forma en que pagará ese plus a los estatales nacionales. Con esos datos en mano, irán a la carga para que el gobierno de Vidal imite la decisión nacional a pesar de que los funcionarios aseguran que no cuentan con los recursos para hacer frente a esa obligación extra.