Reactivan causa por estafa con préstamos a jubilados

La Justicia penal platense reactivó una causa -llamó a indagatoria a cuatro imputados- iniciada hace cinco años por una denuncia formulada por jubilados, por "estafas reiteradas" que habrían sufrido con el otorgamiento de subsidios por parte de dos mutuales de nuestra ciudad.

Según se desprende del dictamen fiscal del llamado a indagatoria a los imputados Mariana Mabel Núñez, Sabrina Elizabeth Giménez, Isabel Carretero y Carlos Aníbal Angeloni, en el 2005 cerca de 100 jubilados fueron seducidos por empleadas de una "mutual y una cooperativa", con la siguiente propuesta: podemos gestionar, si nos dan copia del DNI, recibos de sueldo, el recibo de pago de un servicio a su nombre, llenan y firman este formulario, un subsidio que el Estado nacional entregará por las elecciones legislativas, de 800 pesos, que cobrarán en 8 cuotas de 100.

Al menos 94 cayeron en la trampa: las empleadas recogieron la documentación y al mes siguiente los llevaron a cobrar. Algunos de los jubilados notaron que las chicas de la mutual recibían por la ventanilla los 800 pesos, pero les entregaban solo cien, recibiendo como explicación que el resto ($ 700) lo depositaban en cuentas de la Anses, para que desde allí lo incorporaran durante los siete meses siguientes a sus haberes; pero al otro mes en vez de recibir lo prometido aparecían en los recibos descuentos por un préstamo que nunca habían pedido, según se pudo establecer en la investigación judicial a cargo de la fiscal Ana Medina.

En el llamado a indagatoria, la fiscal dio por acreditado que "en septiembre de 2005, dos mujeres, empleadas de la firma de préstamos personales 'Epikania', de calle 35 entre 6 y 7, recorrieron el Barrio Monasterio, y a través del vecino Martín Mario Vicente, ex dirigente gremial, convocaron a una cantidad indeterminada de jubilados y pensionados para anunciarles que el gobierno nacional en vistas de las próximas elecciones legislativas, entregaría un subsidio de $ 800, que serían percibidos en 8 cuotas de 100 pesos cada una".

También les informaron que para ser acreedor de ese beneficio, cada uno de los jubilados, debía entregar en la oficina o por medio de Vicente, la documentación y los formularios antes citados, se afirmó en el dictamen.

La doctora Medina explicó que "en octubre del mismo año, y ante la falta de acreditación de los prometidos 100 pesos a los solicitantes del subsidio, las mujeres antes aludidas alegaron problemas burocráticos y se les entregó la suma de cien pesos personalmente y en efectivo, lo que generó una actitud de confianza en los jubilados".

"Luego -agregó- promediando octubre, noviembre y diciembre los supuestos beneficiarios de la ayuda económica eran pasados a buscar, en un remise conducido por un hombre, acompañado indistintamente por una u otra de las empleadas de la mutual, y eran llevados hasta distintos Bancos, donde por caja se les otorgaba un cheque para que firmen, que era cobrado por la acompañante, y del total de lo percibido, les era entregado en ese acto la suma de sólo $100, en tanto respecto del resto del dinero que retenían se le explicaba que sería depositado en la cuenta de Anses, a fin de poder percibir en los meses siguientes el resto prometido, junto a sus haberes mensuales".

SORPRESA

"En los meses que siguieron a esta maniobra, los jubilados no sólo no cobraron el dinero del supuesto subsidio, sino que comprobaron que en sus haberes se les efectuó un descuento de variadas sumas", afirmó la fiscal en el llamado a indagatoria.

Además se detalló que los damnificados consultaron en la Anses y allí les informaron que "los descuentos los había requerido y se les habían otorgado a favor de las mutuales "Asociación Mutual Todos Unidos" (AMTU) y Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Bienestar" Limitada; siendo el director de las mismas Jorge Branne", quien también está siendo investigado.