Quedó definitivamente en nada el proyecto del puente Punta Lara-Colonia

Durante décadas, el puente que iba a unir la provincia de Buenos Aires, desde la vecina localidad de Punta Lara, con la ciudad de Colonia en Uruguay, fue uno de los proyectos más ambiciosos no sólo de nuestra región sino del país mismo. Pero en las últimas horas la iniciativa naufragó definitivamente, al disponerse la eliminación, tras varios años de inacción, del único elemento formal que quedaba en pie de aquel proyecto: la delegación argentina de la Comisión Binacional que debía trabajar para la construcción del puente.

La importancia de un puente que uniera ambos países a la altura del gran conglomerado urbano que conforman la capital federal, el Gran Buenos Aires y nuestra región se analizó durante muchos años. Y las conclusiones sobre su incidencia en el desarrollo del comercio del Mercosur y del turismo, entre otros beneficios, fueron factores decisivos cuando, a comienzos de los años '90 el proyecto de la obra comenzó a ser fuertemente impulsado por los gobiernos de Argentina -y de la provincia de Buenos Aires en particular- y de Uruguay.

A lo largo de esa década, se sancionó una ley nacional y otra provincial y una norma en el parlamento uruguayo; se definieron los proyectos técnicos para la obra; y se firmaron convenios y acuerdos en los que ambos países dejaron establecido no sólo la voluntad de construir el puente sino el compromiso de poner manos a la obra.

En ese marco, nuestra región dio una larga batalla para lograr que Punta Lara -el punto de menor distancia entre Colonia y el área metropolitana bonaerense- fuera la cabecera argentina del puente. Algunos intereses políticos y económicos impulsaban que esa localización estuviera en los distritos del norte de Conurbano (Vicente López o San Isidro). Pero al final la Región ganó la pulseada.

Los avances del proyecto incluyeron la conformación de la Comisión Binacional del Puente (Cobaico). Pero desde hace casi una década la iniciativa quedó totalmente paralizada y de a poco se fueron cayendo los elementos que la sostenían. Y fue en ese contexto que ahora llegó el "final-final": el gobierno uruguayo ya había disuelto su representación en esa Comisión en el 2005 y ahora la Casa Rosada dispuso la desactivación de la parte argentina; medida que se concretará a partir del 31 de este mes.

La medida, difundida en un artículo que publicó el diario uruguayo El Observador, implica el cierre de las oficinas de la Comisión, el fin de los contratos de su personal, la anulación de la cuentas bancarias del ente y el traslado de bienes y equipamiento a la Cancillería, de la que depende.

La nota de El Observador mencionó que la parte argentina de la Comisión seguía funcionando "sin tareas ni objetivos claros y un gasto que, sólo en sueldos de empleados, sumó en estos años 12,3 millones de dólares".