El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

El recambio de funcionarios judiciales dispuesto por la Cámara Federal de San Martín modificó el rumbo de la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la millonaria mansión ubicada en Pilar y abrió una nueva etapa en un expediente que, hasta ahora, avanzaba sobre una hipótesis sensible para la dirigencia del fútbol argentino.

La decisión de trasladar el expediente desde el fuero Penal Económico al juzgado federal de Campana implicó el apartamiento del juez Marcelo Aguinsky, quien había profundizado una línea investigativa que buscaba establecer posibles vínculos entre la propiedad y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con el cambio de sede, el caso quedó bajo revisión integral y, al menos por ahora, perdió el ritmo acelerado que había tenido durante enero.

Antes del traspaso, Aguinsky incorporó al expediente un documento judicial en el que se mencionan 13 personas que, según la investigación, podrían tener algún tipo de vínculo con la casa. Ese listado fue utilizado como parte de una medida testimonial ordenada a los pilotos del helicóptero que realizaron al menos 54 vuelos hacia la quinta, que cuenta con helipuerto.

Entre los nombres consignados aparecen dos figuras de peso político en el mundo del fútbol: el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. También figuran familiares de este último y personas vinculadas a las sociedades que, en lo formal, fueron propietarias del inmueble. La presencia de esos nombres reforzó la sospecha de que la investigación avanzaba más allá de los titulares registrales. Los pilotos declararon no recordar a los pasajeros ni reconocer a ninguno de los mencionados, pero la Justicia buscaba, a través de esas declaraciones, reconstruir quiénes utilizaban efectivamente la propiedad.

Pablo Toviggino

SOSPECHAS DE TESTAFERROS

En la actualidad, la mansión figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, a través de la sociedad Real Central SRL. Sin embargo, de acuerdo con las actuaciones judiciales, ninguno de los dos tendría una capacidad económica declarada compatible con el valor del inmueble.

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Pantano quedó particularmente comprometido en la causa por el uso de una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con la que entre enero y diciembre de 2025 se habrían realizado gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos. Con esa tarjeta, según consta en el expediente, se pagaban telepases de vehículos de alta gama y servicios de electricidad de viviendas ajenas a la entidad.

En una de sus resoluciones, Aguinsky sostuvo que la hipótesis principal del expediente era que la casa habría sido adquirida con fondos de la AFA. En ese marco, los investigadores consideraban que una operatoria de ese tipo difícilmente pudiera haberse realizado sin el conocimiento de Tapia y Toviggino, razón por la cual ambos aparecen mencionados en la causa.

“Chiqui” Tapia

EL ENTRAMADO SOCIETARIO

El listado de personas investigadas se completa con nombres ligados al recorrido societario del inmueble. Entre ellos aparece Darío Toviggino, hermano del tesorero de la AFA, vinculado a SOCMA, una firma que integró Malte SRL, la empresa que en 2017 compró el terreno —al ex futbolista Carlos Tevez— donde luego se construyó la mansión. También figuran Juan Pablo Beacon, señalado como hombre de confianza de Toviggino; Mauro Paz, quien presidía Malte cuando la propiedad fue transferida a Pantano; y otros ex socios de la firma, como Gabriel Gorosito, Carlos Bruno Seguel, Orlando Martín López y Gabriela Verónica Coronel Peña. El circuito se completa con Olga Delgado, presidenta formal de Maroma SA, y Fernando Figueroa, un nombre mencionado en otras causas judiciales en Santiago del Estero y relacionado con el entorno de Toviggino.

Con el expediente ya en Campana, el juez Adrián González Charvay y el fiscal Sebastián Bringas iniciaron una revisión completa del material reunido hasta el momento. Fuentes judiciales coinciden en que esta etapa de análisis implicará una desaceleración del proceso, luego de un mes de enero en el que Aguinsky suspendió la feria judicial para seguir ordenando medidas.

Bringas, que había dictaminado en contra del traslado por considerar “prematuro” definir la competencia territorial, deberá ahora intervenir en una causa que inicialmente no consideraba propia. En paralelo, resta definir si el juez asumirá directamente la conducción de la investigación o si delegará la pesquisa en la fiscalía.

Mientras tanto, las actuaciones que apuntaban a establecer los vínculos entre la mansión de Pilar, las sociedades interpuestas y la cúpula de la AFA quedaron en suspenso, a la espera de que los nuevos funcionarios judiciales decidan si retoman o reformulan la línea investigativa desarrollada hasta ahora.