El caso de Paraguay, un desafío para el Mercosur

Por Noemi Mellado (*)

Desde que el dictador Alfredo Stroessner fue destituido en 1989, después de permanecer treinta y cinco años en el poder, Paraguay vivió una frágil estabilidad democrática. Si bien en 1993 eligió al primer presidente civil -Juan C. Wasmosy- dicha presidencia y la subsiguiente estuvo signada por la crisis político-institucional. Desde el 2003 la democracia parecía haberse encaminado hacia su fortalecimiento con Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo Méndez que, al asumir en el 2008, terminó con la hegemonía del Partido Colorado en el gobierno, por más de sesenta años.

Sin embargo, la incertidumbre político-institucional afloró nuevamente cuando el 22 de junio el Senado decidió destituir al presidente Lugo, tras celebrar un juicio político en su contra por mal desempeño de sus funciones (artículo 225 de la Constitución), a raíz de los luctuosos acontecimientos en Curuguaty.

Independientemente de la pertinencia o no del juicio político, el que se sustanció en dos días, y de las responsabilidades que podrían imputarse al Presidente, lo cierto es que no se respetaron las más mínimas garantías del debido proceso. Ningún país de la región ha reconocido al nuevo Ejecutivo, mientras que en la reciente Cumbre de Presidentes del Mercosur, se decidió la suspensión de Paraguay del bloque hasta nuevas elecciones.

Por tanto se plantea ¿De qué forma las instituciones políticas del Mercosur y la Unasur logran mediar o resolver aquellos conflictos que afectan a la democracia de un país? ¿Ellas son aptas para encarar la problemática suscitada en Paraguay?

En el Mercosur dos ideas transversalizan los comunicados y declaraciones del máximo nivel político en “la vigencia de las instituciones democráticas como condición para la existencia y desarrollo del Mercosur” y el “compromiso con los valores democrático”.

La primera, estuvo presente desde la constitución del Mercosur y se sometió a prueba en el conflicto institucional del Paraguay (en el año 1996) en el que Lino Oviedo pretendió derrocar al Presidente Wasmosy. En esa ocasión, los cancilleres le advirtieron al país que quedaría fuera del Mercosur. Pese a controvertirse su legalidad -ausencia de normativa que facultara la expulsión-, la superación del problema se logró gracias al papel que desempeñó la OEA y al apoyo de su sociedad.

¿De qué forma las instituciones políticas logran mediar o resolver aquellos conflictos que afectan a la democracia de un país? ¿Ellas son aptas para encarar la problemática suscitada en Paraguay?

Ello impulsó la adopción de la “cláusula democrática” y la “Declaración de compromiso democrático en el Mercosur” (San Luis, 1996) la que estableció que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para la cooperación en el ámbito del Tratado de Asunción, sus protocolos y demás actos subsidiarios” y que “toda alteración del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración”, que lleva a la suspensión del derecho de participar en los foros del Mercosur como de los derechos y obligaciones emergentes de las normativa subregional.

A posteriori en Ushuaia (1998) se suscribió el “Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile”, incorporándose como normativa jurídica del Tratado de Asunción.

En marzo de 1999 una vez más peligró el estado de derecho y la estabilidad democrática en Paraguay, producto de los acontecimientos de 1996. Como consecuencia del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y la renuncia de Cubas Grau , asumió como presidente el titular del Senado -González Macchi-. En esa ocasión, el Mercosur suscribió la “Declaración de apoyo a la democracia y a su proceso de normalización y fortalecimiento institucional” invocando los principios del Protocolo de Ushuaia -no estaba vigente, se ratificó en 2002- y la Declaración sobre Compromiso Democrático del Mercosur.

La Unasur, mientras, aprobó en la IV Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno -Georgetown, 2010- el “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia”. Se establece que frente a la “ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga el riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democrático” se reunirán los mandatarios en sesión extraordinaria, pudiendo fijar la naturaleza y alcance de las medidas a aplicar. Ellas abarcan desde “la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos e instancias hasta el cierre total de las fronteras terrestres, incluyendo la limitación o suspensión del comercio, tráfico aéreo y marítimo, provisión se energía, servicios y suministros”.

El Protocolo plantea dudas respecto a su efectividad porque sólo fue ratificado por Chile, Guyana, Bolivia y Perú, además su implementación está condicionada por la Carta de la ONU que establece la prohibición de aplicar medidas coercitivas sin la autorización del Consejo de Seguridad (Art. 53).

Mientras que en el Mercosur la agenda de consensos es débil por su escasa operatividad, la Unasur tuvo posiciones firmes en defensa de la democracia -Bolivia y Ecuador-.

Las Cumbres así se constituyen en una alternativa válida para que ambos procesos expongan su capacidad colectiva de resolver a favor de la democracia el conflicto del país hermano, convirtiendo la retórica en realidad y contribuyendo a la gobernabilidad regional.

(*) Prof. de Economía Política en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Directora del Instituto de Integración Latinoamericana