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Varios patrulleros lo retuvieron 45 minutos en la ruta 36. Iba con su familia en una camioneta. Ocurrió el lunes a la madrugada
El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, denunció un extraño episodio registrado el lunes por la madrugada, en ruta 36 y 510 de Abasto, por donde circulaba a bordo de una camioneta, junto a su familia, al parecer de regreso de la Costa Atlántica.
Según la presentación que el magistrado radicó ayer en la fiscalía penal de Alvaro Garganta, que está de turno, sufrió “un inusitado despliegue policial para detenerme durante 45 minutos con la excusa de averiguar si el vehículo en el que me desplazaba era robado”.
De acuerdo a la información que recabó este diario, la Policía había recibido la información de la sustracción de una Toyota Hilux en la ciudad de Quilmes y había dispuesto de un operativo preventivo sobre esa vía de acceso a La Plata.
Extrañamente, manifestó Arias, él se desplazaba en una Ford Ranger y, pese a que mostró la documentación que acreditaba la titularidad de su rodado, fue retenido contra su voluntad por el personal de seguridad, que pertenecería al CPC local.
Recién habría logrado retomar su viaje cuando llamó al fiscal Garganta y le contó lo que le pasaba.
“Si esto me sucede a mí, que tengo herramientas para defenderme, no quiero imaginar lo que podría sucederle a la mayoría de la sociedad”, sostuvo Arias a través de su cuenta en una red social.
“Frente a esto, no resulta extraño que, por ejemplo, (policías) hayan ejecutado a un joven dentro de un patrullero, o disparado contra personas indefensas en un boliche”, agregó.
El propio juez mencionó que estuvo retenido “según la Policía, porque el sistema informático no funcionaba, por lo que no me podían liberar hasta que no tuvieran el informe del Ministerio de Seguridad”.
Esa situación, cabe agregar, está plasmada en un video que el magistrado filmó durante el operativo y que luego difundió por las redes sociales.
Las imágenes también fueron acompañadas a la denuncia penal, que ahora está bajo estudio del fiscal Garganta, quien analiza si la actitud de los efectivos, a quienes intenta ahora identificar, es constitutiva del delito de “privación ilegítima de la libertad”.
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