El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, volvió a asegurar que la dirigente Milagro Sala "no es una presa política" y advirtió que las investigaciones en su contra están "en manos de un poder judicial independiente" que ha considerado "el riesgo procesal" de dejarla en libertad.
En ese sentido, Miranda remarcó que esta semana fue amenazado el fiscal general de la provincia Sergio Lello Sánchez, con un llamado a su casa en el que le preguntaron a su esposa "¿Dónde querés que te deje el cadáver de tu marido?". Además, recordó que también recibió intimidaciones el abogado defensor de una imputada detenida junto a Sala, quien "está hablando y dando datos y precisiones sobre cómo era la mecánica para cometer este megafraude al Estado".
Miranda se refirió así a las causas que investigan el aparente desvío de unos 29 millones de pesos que cooperativistas que integraban la Red de Organizaciones Sociales -que respondía a Milagro Sala- lograron sacar del banco Nación en medio de restricciones oficiales para construir viviendas con fondos nacionales pero que nunca llegaron a ejecutarse.
"Sala no es una presa política porque hay un proceso judicial en donde está siendo investigada por hechos de corrupción y se ha garantizado el debido proceso y la defensa de derecho en juicio", advirtió Miranda esta mañana a radio Splendid.
En cuanto a la polémica internacional por el caso, remarcó que "lo que se discute es el uso de la prisión preventiva" en donde "la jurisprudencia dice que se puede aplicar en los supuestos estándares internacionales: peligro de fuga y riesgo procesal". Además, declaró que el único organismo internacional que se expidió sobre el caso es Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que depende de las Naciones Unidas, y que el resto se trató de “cartas abiertas y comunicados de prensa”.
Miranda resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "se limitó a emitir un comunicado porque no están dadas las condiciones para el dictado de una medida cautelar" y afirmó que desde Jujuy "hemos acompañado allí cada una de los expedientes y las pruebas en que se basó la justicia para confirmar el auto de prisión preventiva".
Al respecto, reiteró la invitación del gobernador Gerardo Morales a la ONU para "vengan a tomar contacto directo con los expedientes, que tengan libertad de acción para recabar los datos necesarios" porque "al momento de emitir esa opinión no tuvo en cuenta circunstancias que figuran en las causas y que son palpables en distintos lugares de la ciudad, como en el barrio de la Tupac" Amaru.
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