Una empresa que fue condenada ya tres veces a no contaminar más

Tras condenarla en dos ocasiones a detener sus emisiones contaminantes, la Justicia volvió a fallar en febrero pasado contra la firma Copetro. En este tercer fallo, que responde a una demanda iniciada por ciento diez vecinos del Barrio Campamento, la jueza a cargo del Juzgado Civil N º5 de La Plata, Fabiana Coradi, dispuso indemnizaciones para todos los demandantes y volvió a ordenar el cese de la contaminación obligando a la empresa a aplicar medidas adicionales que frenen el perjuicio ambiental sufrido por la comunidad.

La sentencia fue celebrada por los representantes de la demanda como “una pieza jurídica de excelencia que refleja muy bien lo que debe ser, y hacia donde debe tender, el proceso colectivo ambiental, en el sentido de que da por probado y discutido todo lo que se ha establecido en las causas anteriores, evitando tener que volver sobre cuestiones sobre las que ya se discutió y reduciendo el proceso a la justificación de daños individuales padecidos por causa del daño ambiental colectivo”.

“A partir de esta nueva sentencia, el cese de la contaminación que ya había sido dispuesto en los fallos anteriores obligando a Copetro a implementar un plan de obras aprobadas y monitoreadas hasta hoy por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la UNLP, deberá profundizarse con nuevas medidas para cumplir de manera total con la decisión judicial, ya que más allá de su reducción, el daño ambiental no ha cesado”, explicó el abogado Aníbal Falbo, quien junto a su colega Miguel Benedetti patrocina a vecinos del Barrio Campamento desde la década del ochenta.

Pero “aunque no se puede negar que siguen lloviendo cenizas sobre el barrio -agregó Falbo-, el problema no tiene la magnitud que tenía cuando se inició el conflicto y creemos que cada vez se está más cerca de ponerle definitivamente fin”.

Con respecto a las indemnizaciones, “son todavía provisorias porque tanto nosotros como Copetro apelamos los montos, pero además porque están sujetas a actualizaciones desde el año 1982 con tasas que han ido variando, lo que exige una tarea contable muy compleja que tendrá que resolverse en Cámara o en alguna instancia superior”, señaló el abogado.

Sin negar que “sigue siendo una planta que genera dificultades”, “el tema de Copetro ha avanzado notablemente con relación a lo que era hace veinte años atrás”, coincidió en señalar también el coordinador de Fiscalización del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), Juan José Paladino, al confirmar que la empresa cuenta actualmente con certificación de aptitud ambiental.

“Copetro renovó su aptitud ambiental en mayo del año pasado y en ese sentido está bajo norma. Además la estamos monitoreando en forma permanente desde seis puntos y aunque eventualmente puede presentar alguna anomalía, no ha pasado de ser algo menor”, detalló el funcionario provincial.

Como explicaron expertos en seguridad industrial consultados por este diario, el conflicto no pasa tanto por el nivel de emisiones de Copetro como por su localización. “Esa planta hoy no contamina más ni menos que cualquiera de su tipo en otros lugares del mundo; el problema es que en ningún lugar del mundo se permite que se instalen al lado de un barrio. De hecho, así lo marca nuestra legislación”.

En efecto, de acuerdo con la ley provincial de Radicación Industrial (11.459), las empresas clasificadas dentro de la tercera categoría (aquellas cuyo funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños al medio ambiente) sólo pueden radicarse en zonas de actividad industrial exclusiva.

El problema se que la ley de radicación industrial no existía cuando Copetro fue autorizada a instalar su planta allí; y, por otra parte, para el Municipio de Ensenada la zona donde funciona Copetro, pese a estar pegada a un barrio donde vive mucha gente, es hoy una zona industrial exclusiva.