Báez pide que se investigue a funcionarios por obras públicas

El detenido empresario  kirchnerista Lázaro Báez pidió hoy al juez federal Sebastián Casanello que  investigue "a todos" los adjudicatarios de obras públicas en el  país y a los "órganos del Estado" encargados de controlarlos.    

El titular de Austral Construcciones SA planteó al magistrado que si su intención es "cuestionar las políticas de Estado y/o de  control adoptadas por los últimos gobiernos" tenga en cuenta que  "los actores principales" son los funcionarios públicos "sobre quienes reposaba el deber de control".    

En su escrito, el hombre de negocios propuso al juez y al  fiscal Guillermo Marijuan que "sinceren el objeto del proceso" que lo  tiene como principal protagonista "si es que pretenden continuar  con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi  patrimonio".    

"La causa debe girar su objeto hacia lo que parecería  justificar (...) el escarnio procesal al cual se viene sometiendo a la  familia Báez: una presunción de enriquecimiento a través de supuestos  e inexistentes sobreprecios en los contratos de obra pública",  agregó.    

Báez, asistido por los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal  Lari, se quejó de que "tanto el fiscal como el juez  intervinientes han alegado en reiteradas oportunidades -sin probar nada- que  ACSA habría realizado obras en las cuales habría conjeturales  sobreprecios".    

"A partir de allí han invocado -también sin probar nada- que  se habrían emitido supuestas facturas apócrifas mediante las cuales  se habrían tornado ilícitos esos fondos. Y posteriormente (...)  se habría vuelto a tornar blancos aquéllos fondos que inicialmente  lo eran", sentenció.    

Para el constructor de Santa Cruz, Casanello "no probó ningún  hecho" en el expediente y solamente "afirmó arbitrariamente algo  en pos de no ver desvanecida su infundada pretensión de someter a  Lázaro Antonio Báez y a Martín Antonio Báez al escarnio de un  proceso penal".     

"Este proceso es escandaloso para un sistema penal de garantías. Es claro que Vuestra Señoría tiene preso a un inocente", alegó.    

El 18 de abril último Casanello procesó con prisión preventiva  a Báez y su contador Daniel Pérez Gadín y los embargó en más de  100 millones de pesos por lavado de activos en la causa conocida  como "ruta del dinero K".   
Además fueron procesados -sin prisión preventiva- sus  respectivos hijos Martín y Sebastián; el asesor financiero Fabián Rossi;  el dueño de la financiera SGI ("La Rosadita"), César Gustavo  Fernández, y el propietario de la empresa privada de aviación Top Air,  Walter Zanzot.    

Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en  distintos grados, del delito de lavado de activos, para el que se  prevé una pena máxima de diez años de prisión.    

La causa por la llamada "ruta del dinero K" había comenzado en  abril de 2013 con un informe del programa Periodismo para Todos  de Jorge Lanata, por Canal 13, donde Fariña -a través de una cámara  oculta- y el financista Federico Elaskar hablaban de las  maniobras de lavado de dinero de Báez.   

El expediente, sin embargo, cobró un nuevo impulso el mes  pasado, con la aparición de un video de seguridad grabado en la  financiera SGI de Puerto Madero, conocida como "La Rosadita", en donde  se veía a varios de los hoy procesados contando millones de  billetes de dólares y euros.

Pedido de audiencia 

La Cámara Federal porteña citó hoy a Báez para el próximo 6 de junio, al hacer lugar a un pedido de audiencia personal hecho por el procesado al Tribunal que tiene que resolver si confirma o no su procesamiento por "lavado de activos".

Báez será trasladado desde la cárcel de Ezeiza el lunes 6 a las 11.15 para verse cara a cara con los camaristas Martin Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani, según se resolvió hoy en el Tribunal de Apelaciones.

El viernes pasado la sala II del Tribunal de Apelaciones recibió media carilla manuscrita por parte de Báez con su firma certificada por las autoridades de la cárcel en la que pidió tener una "audiencia personal".

Báez aludió a "temas vinculados a la causa" y a su "situación procesal", en el escrito que no fue firmado por sus abogados.

El camarista Martín Irurzun concedió la audiencia pese a que la Cámara ya realizó las correspondientes a la ampliación de los fundamentos de las apelaciones dictadas en la causa por el juez federal Sebastián Casanello.

"En atención a lo peticionado en el escrito remitido por Lázaro Báez desde su lugar de detención y sin perjuicio que ya se ha superado la audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación -que fue cumplida por sus abogados a fs. 190/251-, en resguardo del más amplio derecho de defensa del imputado suspéndase el pase al acuerdo y fijase audiencia a su respecto para el día 6 de junio a las 11:15hs", resolvió el camarista Irurzun.

De esta forma, las apelaciones a las resoluciones de Casanello serán resueltas luego de que los camaristas escuchen al detenido dueño de "Austral Construcciones".

Antes de esa fecha, Báez deberá especificar "la naturaleza de la audiencia pretendida, posibilidad de acceso de otras partes, letrados, publicidad, etc, a los fines de poder instrumentar su adecuada realización".

La petición de audiencia fue hecha de manera directa por Báez, sin firma de sus abogados.

La Cámara ordenó al juez federal Sebastián Casanello que instrumente el operativo de seguridad para el traslado de Báez desde la cárcel.

La misma sala del Tribunal de Apelaciones tiene que decidir la recusación presentada por uno de los hijos de Báez, Leandro, contra Casanello, para lo cual se fijará fecha de audiencia a los abogados del joven.