Brasil: embestida del espacio de Dilma

El Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, exigió hoy la destitución de diez ministros del Gobierno interino de Michel Temer, a los que acusó de violar tanto la ética política como la propia Constitución.

La demanda fue presentada por el diputado Afonso Florence, jefe del grupo del PT en la Cámara baja, ante la Comisión de Etica de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, renunció a su cargo en medio de un escándalo asociado al caso de corrupción en la estatal Petrobras.

Según el PT, hasta su nombramiento, ocho de los ministros de Temer ocupaban sendos espacios en la Cámara baja y los otros tres en el Senado, y todos votaron a favor de instaurar el proceso que separó de sus funciones temporalmente a Rousseff, por lo que queda claro que "negociaron sus cargos antes de las votaciones".

La demanda afecta al canciller José Serra y a los titulares de Agricultura, Blairo Maggi, Ciudades, Bruno Araújo, Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra, Transportes, Mauricio Quintella, Educación, José Mendonça Filho, Salud, Ricardo Barros, Medio Ambiente, José Sarney Filho, Minas y Energía, Fernando Coelho Filho, y Trabajo, Ronaldo Nogueira.

También incluye a Romero Jucá, quien renunció a la cartera de Planificación la semana pasada después de que se filtraron a la prensa unas grabaciones en las que afirma que es preciso "delimitar" la investigación sobre las corruptelas en Petrobras.

"La votación del proceso de 'impeachment', que debía ser jurídica y hecha con base en el interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como denota el hecho de que los denunciados hayan sido nombrados ministros inmediatamente después de que votaron por la suspensión de la presidenta Rousseff", argumenta el PT.

Los documentos presentados por el PT a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República incluyen también numerosos reportajes de diarios nacionales, en los que se reflejan las negociaciones que Temer mantuvo con su base política antes de las votaciones en que las cámaras legislativas se decantaron por procesar a Rousseff.