La oportunidad para fundar un nuevo Brasil

Por FERNANDO H. CARDOSO

Pasados los días de ansiedad del proceso de impugnación de la presidenta Dilma Rousseff, con fuertes probabilidades de que el Senado refrende la decisión de la Cámara, Brasil percibirá que sus problemas siguen en espera de solución.

Son muchos, desde los económicos, pasando por los morales, hasta los sociales, que son los que más atenazan al pueblo, enfrentado al desempleo y la carestía, fruto de la mala gestión económica de las últimas fases del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder.

Estos problemas, desgraciadamente, no podrán ser resueltos de la noche a la mañana. Como tampoco lo podrán ser los de salud, educación, seguridad y transporte.

El pueblo siente que es así. Espera señales de cambio y el gobierno del presidente interino, Michel Temer, puede y debe dárselas.

Pero hay otros temas en los que pueden darse los primeros pasos. Me refiero a los obstáculos políticos en sentido profundo. No fue solo un gobierno y el partido que lo sustentaba lo que se desmoronó. Estamos viendo la implosión de todo un sistema político-electoral que aparta al Congreso, a los partidos e incluso al Ejecutivo, del sentimiento popular.

La legislación partidista y electoral creada a partir de la constitución de 1988 ya no corresponde a las ansias del pueblo, ni crea las condiciones de gobernabilidad que requiere la sociedad. Es de esperarse que el nuevo gobierno dé los primeros pasos de la reforma política.

Las estructuras políticas (al igual que las económicas y sociales) no cambian de repente, ni lo hacen en su totalidad salvo en momentos históricamente revolucionarios, lo que claramente no es nuestro caso. Siendo así, ¿en qué consiste dicha reforma política?

Para mí, es fundamental aproximar los electores con los elegidos y construir puentes para alguna forma de gobierno que, no siendo precisamente parlamentarista , se encamine hacia un semi-presidencialismo.

Pero incluso eso requiere la regeneración de los partidos. ¿Cómo? En 2006, el Congreso aprobó, y el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló, uno de los requisitos: una regla que haga que la presencia de los partidos en el Congreso dependa de cierto porcentaje de votos en todo el país y en diversos estados, la cláusula de barrera. O bien el STF reinterpreta su decisión o será necesario aprobar una enmienda a la constitución.

En 2015, el Senado introdujo la prohibición de coaliciones proporcionales en las elecciones legislativas, pero la Cámara la derribó. Esa medida complementaría la cláusula de barrera, evitando la elección de representantes en alas del voto dado a diputados de otros partidos.

Algunos de los partidos que se encuentran en el Congreso son meros agregados de intereses específicos, destinados a obtener los recursos del Fondo Partidista y del tiempo en televisión para negociar en las campañas electorales. Hay otras cuestiones para dar los pasos iniciales de una verdadera reforma. Es preciso establecer el voto distrital (prefiero el mixto, a discutir). En colegios electorales con millones de votantes y cientos o miles de candidatos, los verdaderos electores no son los ciudadanos, sino las organizaciones intermediarias que financian campañas y recaban votos para los candidatos, por ejemplo, una prefectura, una iglesia, un sindicato, un club de fútbol, una empresa. El representante se siente obligado con estas organizaciones y es a ellas a las que sirve.

Un partido no puede ser tan solo una organización o un grupo de presión. Necesita defender valores y mostrar una visión del país y de la sociedad

Basada en asociaciones de este tipo, sumada al acceso a los fondos públicos y privados, la “maquinaria electoral” está bien aceitada para producir el resultado político que pretenden los que la operan.

Pero el ciudadano común está y seguirá estando distante del elegido, cuyo nombre ni siquiera recuerda, y sus intereses y sentimientos serán ignorados olímpicamente por el parlamentario. Así es como se hace gran parte de nuestra “representación” política.

Es difícil cambiar esas reglas, pero es más fácil empezar a instaurarlas en las elecciones municipales. En estas se hace evidente que el voto distrital aproxima al elector y al representante. Habiendo la necesaria obligación de cada partido de lanzar por lo menos un candidato por distrito, se hace también más nítido el mensaje de los partidos.

La campaña sería más barata si las nuevas reglas vinieran junto con la prohibición de la “mercadotecnia” en la televisión, reservándose el tiempo gratuito para los debates entre los candidatos y la presentación de sus proyectos.

Se reduce así la búsqueda incesante de dinero (y los desvíos de dinero público con ese disfraz) y se puede tener una norma más realista de financiamiento: Cada conglomerado empresarial podría contribuir con una cantidad determinada de reales, destinándolos a uno de los contendientes y entregándolos al Tribunal Superior Electoral, al que los partidos le enviarían la cobranza de los gastos de campaña (además de las contribuciones de las personas físicas, que serían limitadas).

Falta hablar de lo principal. Un partido no puede ser tan solo una organización o un grupo de presión. Necesita defender valores, tener un mensaje que muestre su visión del país y de la sociedad.

Hasta hoy, como expresión de algo parecido a eso, solo el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Partido de los Trabajadores, y ahora también el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se propusieron “liderar” al país.

Estos partidos, a despecho de sus choques actuales, necesitan dialogar sobre la reforma. Y ojalá que aíslen a los que se congregan en el llamado “centro”, expresión que caracteriza a los agrupamientos de personas e intereses clientelares, “fisiológicos” y corporativistas que, sin tener un proyecto político nacional, mantienen a la sociedad amarrada al reaccionarismo político y cultural. Pero eso es materia para otro artículo.