La demagogia universitaria pone en peligro la salud de la población

En La Plata corre grave riesgo la calidad en la formación de médicos. Esta es, en definitiva, la principal consecuencia de una serie de medidas que condiciona el normal funcionamiento de la facultad de Medicina y que, con completa irresponsabilidad, ha impulsado y avalado la propia Universidad.

Lo que está en juego no es una pulseada de política universitaria ni una controversia reglamentaria. Está en juego -sencillamente- la formación de profesionales que se deberán ocupar, en el futuro, de atender la salud de la población. Hay que advertirlo sin rodeos: les han hecho a las autoridades y docentes de Medicina una serie de imposiciones que, en caso de no revertirse, derivarán en un serio peligro, como sería el otorgamiento de títulos para ejercer la medicina a personas que no han sido debidamente capacitadas para cumplir esa misión que todo el tiempo transita entre la vida y la muerte. Por supuesto, nadie se hará responsable. Y eso es, quizá, lo más perverso de la situación.

Conviene hacer un repaso. La facultad de Medicina insiste desde hace décadas en el sostenimiento de un principio elemental: la capacidad de esa unidad académica para la formación de médicos es limitada. No hay estructura, camas hospitalarias, laboratorios, docentes ni recursos suficientes como para formar a un número ilimitado de estudiantes. Por lo tanto, debe hacerse una selección, sin llegar a fijar cupos, para que sólo ingresen aquellos que alcancen un umbral medio de exigencia en un curso de ingreso o de admisibilidad. Así lo hicieron en los últimos 25 años. Pero en octubre del 2015, y al ritmo de los manotazos que se daban en plena campaña electoral, el entonces oficialismo nacional impuso en el Congreso una reforma a la ley universitaria que le impuso a Medicina la obligación de admitir a todos los inscriptos. Reinstalaron, así, un sistema de ingreso irrestricto que no rige en ninguna universidad del mundo.

La reforma -que había sido impulsada y avalada desde el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata- no fue acompañada, por supuesto, por ningún refuerzo en la estructura y los recursos de la facultad de Medicina. Esa unidad académica se vio forzada, en pocas semanas, a admitir a más de tres mil ingresantes; diez veces más de los que -en promedio- ingresaban desde hacía años. Se ha explicado en las columnas de EL DIA: con el mismo número de docentes, la misma cantidad de aulas y de camas disponibles para la formación práctica; por supuesto, también con el mismo presupuesto, le impusieron a Medicina la obligación de hacerse cargo de una matrícula de ingresantes diez veces mayor a la que tenía. “Arréglense...”, fue la tácita respuesta de la Universidad, con una displicencia y una irresponsabilidad de previsibles consecuencias.

Sobre el final del primer semestre de este año, se acaba de escribir otro capítulo de este proceso alarmante. Un grupo de los nuevos ingresantes empezó a protestar ruidosamente por lo que definieron como “aplazos masivos” en los parciales de las primeras materias. Dijeron -con estadísticas elaboradas por los propios ingresantes- que sólo había aprobado el 2 por ciento. E inmediatamente llegaron con la queja al rectorado y al consejo superior, siempre proclive a acorralar a Medicina con la que libran, aparentemente, una batalla política e ideológica.

A las apuradas, en medio de una movilización estudiantil, y sin pedir informes ni estadísticas oficiales a las autoridades de Medicina, el consejo superior aprobó esta semana, por unanimidad, una virtual intervención a esa facultad, con el envío de “veedores” para revisar los exámenes que ya tomaron y los que van a tomar los profesores de Medicina, a los que además les exige darles a los ingresantes la oportunidad de un nuevo recuperatorio. Con el aval del presidente de la Universidad -que dijo ante todo el consejo superior que le gustaría estar en el lugar de las barras estudiantiles “para hacer catarsis- se han dispuesto medidas apartadas del marco estatutario. Ninguna norma prevé el envío de “veedores” para supervisar evaluaciones que toman profesores designados por concurso.

Se ha llegado así al punto culminante de una política en la que el facilismo, la demagogia y la irracionalidad parecen ejes vertebrales.

El tema excede, sin embargo, las fronteras universitarias. Como se dijo al principio, está en juego la formación de los futuros médicos. Es inadmisible que se convierta esa responsabilidad en un experimento demagógico. Las asociaciones de profesionales, las autoridades sanitarias, los directores de hospitales y las entidades científicas, deberían involucrarse en el debate. No se puede mirar con indiferencia un proceso en el que, en definitiva, se compromete la salud de las próximas generaciones.