Más del 20% de las víctimas de trata en la Argentina son menores de edad, según informaron desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) al conmemorarse hoy el día mundial contra ese delito, que en Argentina ha logrado un promedio superior a 50 condenas por año desde 2014.
“Entre un 25 y 27% de las condenas por trata con fines de explotación sexual corresponden a casos en que las víctimas eran menores de 18 años, y en el terreno de la explotación laboral las víctimas de esta franja etaria representan el 17% de las condenas, lo que implican porcentajes todavía muy altos”, describió Marcelo Colomo, responsable de la Protex.
Colombo explicó que “en relación a la explotación sexual de menores, el 100% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, la mayoría en contexto de vulnerabilidad; en tanto en la explotación laboral, también hay niños y adolescentes varones”.
Creada en abril de 2013 con el objetivo de brindar asistencia a todas las fiscalías en delitos que involucren secuestro extorsivo, trata de personas y delitos vinculados a la trata, así como asesorar en el desarrollo de políticas públicas para la prevención, desde agosto de 2015 la Protex también co-administra la atención del 145 (número telefónico gratuito de denuncia).
Entre agosto de 2015 y febrero de 2016, se recibieron 579 denuncias de las cuales 53 generaron investigaciones preliminares dentro de la Procuraduría.
En referencia a las investigaciones preliminares, la Protex ha incrementado cada año el número, siendo en 2015 428 casos, contra 288 que se habían realizado en 2014.
En cuanto a las condenas, Argentina se ubicó dentro del 16% de países que más condenas por año produjo en el mundo por este delito (70 condenas en 2014 y 45 en 2015).
En referencia al tipo de condenas, Colombo describió que “las estadísticas muestran que en general la mayor cantidad de casos se dan por explotación sexual, sobre todo tras la sanción de la ley de Trata de 2012”.
El letrado recordó que “recién en 2011 empezamos a encontrar condenas con casos de explotación laboral; en estos casos es más difícil la detección del supuesto de trata y su investigación; en Argentina hay varios casos condenados pero si uno verifica los antecedentes de la región son muy pocos”.
En este contexto, el desafío que encuentra el fiscal especializado es “seguir cosechando condenas a organizaciones y bandas grandes, y llegar a los funcionarios públicos, porque la lógica del crimen organizado requiere de funcionarios para poder sostenerse en el tiempo”.
“Entonces -continuó- siempre hay que estar atento a la persecución de los que puedan ser cómplices, a la investigación patrimonial y el decomiso de los bienes que se puedan incautar en la condena y a investigar cualquier intento de obstrucción de Justicia, amenaza de testigos o coerción que se ejerce hacia los testigos víctimas”.
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