¿Qué pensamos hacer con el medio ambiente?

Hace veinte años se empezaba a instalar y generar conciencia sobre el tema ambiental; se procuraba sensibilizar a la población para fomentar la aparición en las políticas públicas de una agenda ambiental y para que se tuvieran en cuenta los perjuicios que podrían tener ciertos proyectos de desarrollo. ¿Qué pasó en estos veinte años?

¿Será verdaderamente la cuestión ambiental una cuestión tan esencial para la población para ponerla en el centro de sus preocupaciones y como punto de partida para la discusión de un modelo de desarrollo sostenible? Cuando observamos las encuestas que interrogan sobre los principales temas de interés de la sociedad podemos ver la seguridad, el empleo, la inflación, la educación, la salud, la corrupción y tantos otros en ese orden o alternados, pero las cuestiones ambientales, en general, no aparecen nunca entre los diez primeros temas de atención.

¿Es que entonces “la ecología” es una moda o un postulado al que es obligatorio adscribir en este tiempo pero por el cual, en concreto, no pensamos realizar ni un mínimo sacrificio?

¿Conocemos a los funcionarios que tienen que definir y realizar la política ambiental? ¿Son aquellos de los que más nos acordamos en el día a día cuando pensamos en nuestras preocupaciones? ¿O sólo supimos que una vez la más alta autoridad ambiental del país fue María Julia Alsogaray por lo que la misma significó ideológica y políticamente en aquél momento más allá del cargo que ocupara? Mucho peor si sólo la recordamos por el triste episodio de la foto con el tapado de piel. ¿Podremos, los que vivimos en aquella época citar al menos una cosa buena o una mala bien concreta que haya hecho en materia ambiental? Luego de ella ¿habrá existido alguien ocupando su puesto o ya nos desinteresamos del tema porque quien estuvo no tuvo el voltaje simbólico de la mencionada funcionaria?

Tenemos en nuestra región grandes proyectos en ejecución. La ampliación del Puerto La Plata (dicho sea de paso, realizada a expensas de un área verde de valor fundamental en nuestro complejo ultraurbanizado del Gran La Plata que, precisamente por su valor, si bien no se trató de una zona estrictamente virgen, se la buscó proteger con una declaración, primero municipal y luego legislativa de paisaje protegido que esperaba un desarrollo de la misma rescatando las formas tradicionales de construcción, deportes, recreo y goce que se hicieron tradicionalmente en nuestras islas Santiago y Paulino. Tenemos el complejo vial para acceder a dicho puerto desde Buenos Aires y desde la ruta 6, que se viene ampliando y potenciando como vía privilegiada para conectar la producción provincial con el exterior a través del Puerto. Tenemos un crecimiento urbanístico jamás visto que expande hacia zonas rurales y la calle 66 asfaltada hasta la calle Montevideo de Berisso que impulsa un desarrollo de casas de fin de semana en la zona rural del partido, que va perdiendo su fisonomía tradicional. A propósito, Los Talas, que debe el nombre al bosque de talas, especie nativa de la zona, monte xerófilo privilegiado también para la fauna y, en especial, las aves nativas, topónimo que nos habla de una vegetación propia y de una tradición campestre, debe ver sin posibilidades de quejas o lamentaciones la pérdida de su árbol insigna que es inmeditamente talado para construir y hasta para forestar con especies exóticas “más ornamentales”. En tanto, se cierran los ojos y se apaga la voz respecto a la ocupación de terrenos en zonas inundables del bañado Maldonado, zona que no sólo tiene un importante valor ecológico sino que también sirve como receptor del agua de los cada vez más frecuentes temporales.

¿“La ecología” es una moda o un postulado al que debemos adherir, pero por el cual, en concreto, no pensamos realizar ni un mínimo sacrificio?

Son sólo ejemplos, pero genera una mezcla de impotencia y de desesperación ver que se trata de proyectos que se van realizando sin un gran debate, sin demasiada participación y sin mucha preocupación por consultar por parte de los gobiernos, como si el crecimiento económico, el capricho individual o las razones de la inversión fueran por sí solas suficientes para marcar el paso de un gran desorden ambiental y territorial. Ciclos de crisis económica se suceden con ciclos de expansión desorganizada, donde el peso y gravedad de la crisis precedente parece llamar a la complicidad y silencio de quienes aspiramos a una política más pensada o planificada de nuestro desarrollo colectivo.

En el mismo sentido percibo una ausencia de preocupación por grandes políticas ambientales en nuestra provincia. La política vinculada con la ordenación del territorio, ubicación de plantas industriales y control de contaminación toca de forma directa la vida y la salud de los bonaerenses. Sin embargo, los conflictos surgen ante casos puntuales sin que exista un debate público y sin una exigencia de metas y plazos que comience por dar un verdadero puntapié inicial a algo que, hasta ahora, no fue más que la consolidación del statu quo espontáneamente nacido a partir de la fuerza de la inversión y el aprovechamiento de terrenos a bajo costo e infraestructura de rápido acceso.

Tampoco fue suficientemente puesta en un lugar central la discusión acerca del ordenamiento territorial de bosques nativos. Sí es cierto que se hicieron audiencias, pero mi observación no es sólo crítica con el gobierno que trabajó para dicho ordenamiento territorial y convocó las audiencias obligatorias por la ley nacional 26.331. La observación más importante es para con la ciudadanía que, en nuestro caso bonaerense, no tuvo como prioridad y no sé hasta que punto tiene presente que desde la sanción de aquella ley nacional en diciembre de 2006 -ley sancionada precisamente gracias a una campaña expresa de Greenpeace que logró instalar en los medios nacionales la cuestión- había un año para hacer el ordenamiento provincial en forma participativa.

Qué decir, sobre la política de las áreas protegidas y manejo del paisaje y valorización del territorio a través de las manifestaciones locales culturales. Las áreas protegidas existen en la provincia de Buenos Aires desde 1936; se puede reconocer un paso lento a favor de la ampliación y conservación del sistema, pero precisamente, resulta demasiado lento en proporción a la aceleración que tiene el avance de la frontera agrícola, la urbanística y la industrial. Pero tal vez la crítica más profunda que se les puede hacer a los distintos gobiernos que se han sucedido es el no haber visto y aprovechado el potencial riquísimo de las áreas protegidas para construir una política de desarrollo sostenible y local e instaurar una cultura diferente y más acorde a los tiempos que corren y con la mayoría de los países y regiones del mundo.

(*) Prof. de Derecho Agrario UNLP