Nueva orden de detención y desafuero para De Vido y detuvieron a su ex segundo

oberto Baratta, un ex alto funcionario del Ministerio de Planificación Federal y de extrema confianza del ex ministro Julio De Vido, fue detenido hoy por orden del juez federal Claudio Bonadio, a cargo de una causa por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado, dijeron fuentes policiales. Además, Bonadío procesó y ordenó hoy detener también a De Vido, en tanto que ordenó trabar un embargo por 1.000 millones de pesos a cada uno en un fallo donde también procesó a Daniel  Cameron y al ex ministro menemista de Obras Públicas Roberto Dromi (quien asesoró al gobierno de Cristina Fernández), entre otros.

Baratta, detenido frente a su domicilio del barrio porteño de Belgrano, fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación durante los años que De Vido comandó la cartera.

La causa que lo involucra es la investigación de supuestas irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL) que llegaba en barcos a los puertos de Escobar y Bahía Blanca, caso por el que también está procesado De Vido, a quien también el juez Bonadio procesó hoy "con prisión preventiva" por el mismo caso.

El magistrado reclamó además su desafuero a la Cámara de Diputados, tal como había hecho el juez Luis Rodríguez en el marco de otro expediente.

El juez Bonadio ordenó la detención de Baratta por considerarlo uno de los armadores de una estructura para importar GNL sin licitaciones ni concursos de precios sobre el valor del producto.

Baratta, un ex taxista, llegó al ministerio tras forjar una amistad en el año 2000 con el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y su ministro de Gobierno, Julio De Vido.

“ELLOS DEBÍAN VELAR POR EL ERARIO PÚBLICO”

El ex ministro de Planificación  kirchnerista Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta, fueron  quienes "diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante  la cual se perjudicó las arcas del Estado con la intervención de  otros funcionarios que dependían de ellos como de empresas  privadas que deben ser investigadas en profundidad", sostuvo el juez  Claudio Bonadio al firmar sus procesamientos por el caso del gas  licuado.    

Según el juez, la participación de De Vido y Baratta "en los sucesos lograba sortear cualquier control posible, pues eran ellos quienes debían velar por el erario público siendo los responsables  máximos de las áreas donde ocurrieron".    

El juez advirtió que "un modo de llevar a cabo los actos  infieles en perjuicio de la administración era a través de  intermediarios", y por ello "es posible sostener que los nombrados, atento a  sus vínculos, siendo De Vido Diputado Nacional, de continuar en  libertar podrían entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el  descubrimiento de la verdad".   

 El fallo reseñó que "Baratta posee al menos una causa en  trámite en estado avanzado" -la causa de Río Turbio por la que se pidió  el desafuero de De Vido-, mientras que el ex ministro "tiene  varios expedientes en trámite, dos de ellos ya en la etapa de juicio,  por lo que estimo que en caso de ser condenado en estas  actuaciones, la misma no podrá ser de ejecución condicional".   

"Las circunstancias apuntadas de modo previo, las  características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual  estado de la investigación, configuran una desfavorable impresión  sobre las condiciones personales de De Vido y Baratta y permiten  concluir que en caso de concedérsele la libertad, no habrán de  someterse a la actuación de la justicia, por lo que se encuentra  consecuentemente fundada la presunción de que intentarán eludir el  accionar de ésta, como también de que la entorpecerán".