La tasa SUM prevé un aumento del 29 % promedio para el año próximo

Con un aumento promedio del orden del 29 por ciento para la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) y una reducción en Seguridad e Higiene para la agroindustria, el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante el proyecto de la ordenanza fiscal impositiva para 2018.

El expediente ingresó en la mesa de entradas del cuerpo deliberativo local el jueves pasado junto al proyecto de Presupuesto para el año entrante, a la espera de que los concejales del oficialismo y la oposición comiencen a analizarlo esta semana y lo traten en el recinto el miércoles 6 de diciembre, apenas unos días antes del recambio legislativo.

El proyecto enviado por Garro mantiene la línea destacada por la administración provincial, no sólo respecto a un importante ajuste del presupuesto del Concejo y las secretarías del Ejecutivo, sino también en proporcionar un “alivio” a los sectores productivos locales, respecto de los tributos al comercio.

El texto de la iniciativa, que desde hoy comenzará a debatirse en la comisión de Hacienda del Concejo, prevé un aumento promedio de la tasa SUM que abonan los frentistas particulares del 29 por ciento. Esto es para la categorías E y F, correspondientes a inmuebles cuyas valuaciones fiscales van desde los 50 mil pesos a los 120 mil. En estos dos casos, el monto fijo de la cuota llegaría a los 1.375 pesos.

La quita tributaria para la producción primaria alcanza el 50 por ciento

En tanto, para las valuaciones fiscales de inmuebles que corresponden a la categoría D, que van desde los 40 mil pesos a los 50 mil, el ajuste promedio es del 24,5 por ciento y el monto fijo de la cuota ascendería a los 1.270 pesos.

Un 31 por ciento es el aumento previsto para la categoría G, de propiedades cuya valuación fiscal está entre los 120 mil pesos y los 200 mil, quienes pagarían a partir de enero de 2018 una cuota fija del orden de los 2.575 pesos.

Las tres categorías más altas -la H, la I y la J- cuyas valuaciones van desde los 200 mil pesos a más de 1 millón, tendrán aumentos entre el 35 y el 50 por ciento.

Para estos casos, que habitualmente implican propiedades en countries y barrios cerrados, el cálculo de la cuota fija va desde los 4.575 pesos a los 31.075, para los casos más altos.

En tanto, las tres primeras categorías de la escala de inmuebles no sufrirán aumentos, según la propuesta del gobierno de Garro, por lo que los montos que pagarían el año próximo serán los mismos que vienen abonando desde 2013. Las categorías A, B y C, cuyas valuaciones ficscales corresponden a menos de 20 mil pesos hasta 40 mil, continuarán pagando las cuotas de 425 pesos, 850 pesos y 935 pesos, según el inmueble.

MEJORAS EN SEGURIDAD E HIGIENE

En tanto, en sintonía con el gobierno nacional, que busca reducir la carga fiscal a los sectores productivos, y de la administración provincial, que impulsa una reducción del impuesto a los Ingresos Brutos trasladando una mayor carga sobre los valores patrimoniales, la Comuna plantea una modificación en el Código Impositivo Municipal que contempla reducciones en los primeros eslabones de la cadena productiva, en particular sobre los sectores primarios.

En esa línea, la reducción prevista en el proyecto para la tasa que pagan los productores del cordón frutihortícola de nuestra región es del 33 por ciento, según informaron ayer fuentes municipales.

Según pudo saber EL DIA, en general, esta reducción tendrá como beneficiarias a todas las actividades primarias, pasando del 0,6 al 0,4 por ciento, mientras que aquellos sectores agroindustriales que tienen “gran impacto en la cadena de valor”, como los frigoríficos, tendrán una baja de la tasa de Seguridad e Higiene del orden del 50 por ciento.

Fuentes del gabinete de Garro explicaban ayer a este diario que entre las actividades que gozarán de las disminuciones de las alícuotas propuestas figuran los frigoríficos que funcionan en nuestra región, que se ocupan de la matanza de ganado bovino y procesamiento de carne, las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y silvicultura, caza, pesca y servicios conexos.

Con estas medidas, se apunta a atender reclamos de los sectores productivos relacionados a la pesada carga tributaria que afecta a sus actividades, resintiendo su rentabilidad y dificultando la generación de empleo formal.

La ordenanza fiscal impositiva 2018 comenzará a ser tratada esta semana en el Concejo Deliberante. Independientemente de las modificaciones que sufra, la asamblea de mayores contribuyentes necesaria para su sanción, ya fue convocada.