En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave

Un grupo de vecinos del barrio privado San José, ubicado en 32 y 232, en Abasto, advirtieron irregularidades y problemas en los servicios del lugar donde viven. Según la denuncia de los frentistas, “los principales apuntados como responsables son los desarrolladores inmobiliarios del lugar”.

Una fuente, que prefirió no dar su nombre, contó a EL DIA: “La operatoria comenzó a principios de 2023 con la venta de lotes que oscilaban entre los 8.000 y 14.000 dólares, bajo la promesa de un barrio cerrado con seguridad, mantenimiento, conexión de agua, luz y un salón de usos múltiples”. Y agregó: “La primera sorpresa llegó al momento de la escritura: los compradores no adquiríamos un lote individualizado dentro de un barrio registrado, sino una fracción de una propiedad indivisa”.

Este diario se comunicó con los dueños del desarrollo que, sobre la legalidad del mismo, expresaron que están en el programa de “planeamiento urbano y territorial de la Municipalidad de La plata” a la espera de una “respuesta oficial”. En cuanto a la escritura, detallaron que estaba “el 90 por ciento escriturado” pero no respondieron si era “indivisa” o no.

Problema en los servicios

Uno de los puntos más críticos es el suministro de agua. De acuerdo a lo advertido por los vecinos, la conexión desde un principio fue administrada por los desarrolladores, quienes cuentan con una perforación propia dentro del predio. Para acceder al servicio, cada propietario debía abonar 300 dólares iniciales. Con el paso del tiempo, aseguraron, el costo mensual comenzó a incrementarse: de 5.000 pesos en un principio a 45.000 pesos mensuales. “El agua es mía y vale eso”, habría sido la respuesta ante los intentos de negociación. Ante esta situación, varios frentistas decidieron realizar perforaciones propias para independizarse.

El dueño del barrio detalló que las perforaciones son acciones pautadas y que dependen de los propietarios.

Por otro lado, la fuente sostuvo que la bomba que extrae el agua estaría conectada a la red eléctrica del barrio, lo que habría provocado problemas de baja tensión.

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Tras consultas con la empresa distribuidora, los vecinos aseguraron haber recibido como respuesta que, al tratarse de una propiedad indivisa no registrada, no sería posible instalar un nuevo transformador.

En contraste, los desarrolladores expresaron: “La administración del barrio, que depende de un grupo de vecinos, se enganchó de la luz. Cobran 100.000 pesos de expensas por lotes y quieren ahorrar plata. Es un negociado de ellos”.

Administración y sobreprecios

Durante 2023 y parte de 2024, la administración del barrio estuvo a cargo de los desarrolladores, según los vecinos. En asambleas, afirmaron los denunciantes, se presentaban listados de gastos que nunca pudieron ser debidamente acreditados. El malestar fue en aumento hasta que en mayo de 2024 los desarrolladores comunicaron su decisión de dejar la administración. En asamblea, los vecinos resolvieron conformar una gestión propia.

Asimismo, otro problema es el salón de usos múltiples. Según indicaron, actualmente estaría bajo dominio de los desarrolladores, quienes habrían propuesto que los vecinos se asocien con una cuota mensual de 100.000 pesos.

La propuesta fue rechazada y hoy el espacio funcionaría como galpón de trabajo, utilizando electricidad cuyo costo recaería sobre los propietarios, advirtieron los vecinos.

Registración pendiente

La falta de registración formal del barrio es otro eje del conflicto.

A través de gestiones particulares, según explicaron, los frentistas tomaron conocimiento de la existencia del expediente administrativo para la regularización del loteo en la Dirección General de Planeamiento Urbano y Territorial.

Al enterarse de la presentación vecinal ante Planeamiento Urbano, aseguraron los vecinos que el desarrollador decidió cortar el suministro de agua, dejando a familias residentes en situación de vulnerabilidad. También denuncian amenazas vinculadas al eventual retiro de alambrados perimetrales.

Un conflicto, ¿en expansión?

Los denunciantes advierten que, tras San José 1, se desarrollaron emprendimientos contiguos —San José 2, 3 y 4— bajo una modalidad similar. Temen que la comercialización del agua y la falta de registración se repitan.

Mientras el expediente municipal continúa en trámite, unas 30 familias ya formalizaron presentaciones ante Planeamiento Urbano solicitando la regularización del barrio y la intervención del Municipio en el conflicto por el agua.

Este diario consultó a la Municipalidad sobre la situación del barrio privado. La respuesta fue nula.