Consideran que es inconstitucional la reforma previsional que aprobó Senadores

Para el abogado constitucionalista Daniel Sabsay la nueva fórmula de actualización de haberes jubilatorios contemplada en el proyecto de ley aprobado anteanoche en la Cámara de Senadores, al aplicarse retroactivamente a los actuales beneficiarios, “implica una seria violación al principio respectivo y a la seguridad jurídica en que se asienta el derecho de propiedad”.

En tanto el académico Félix Loñ sostuvo que “la aplicación de la fórmula como la impulsa el Gobierno implica un retroceso sobre los principios fundamentales del sistema previsional que están garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución nacional, ya que tiende a disminuir el monto del haber jubilatorio”. Y agregó: “toda norma que tienda a deteriorar estos principios es inconstitucional”.

Para los dos expertos en derecho constitucional, si la Cámara de Diputados no modifica la “aplicación retroactiva de la ley”, es muy probable que sea declarada “inconstitucional” por la justicia.

El centro de los cuestionamientos legales pasa por la manera en que se pretende aplicar la nueva movilidad a los haberes que se deben cobrar desde marzo de 2018: es un cambio retroactivo que tendrá un impacto negativo sobre las jubilaciones, que recibirán un aumento de 5,7 por ciento en lugar del 12 por ciento que correspondería con el criterio actual. Esto ocurre porque la nueva fórmula toma los índices de actualización sobre el tercer trimestre de 2017.

En cambio, la ley vigente dice que los índices deben tomar como base el segundo semestre de 2017. Esa diferencia de tres meses -sumada al cambio de los índices que componen la fórmula- representa una diferencia de 6,3 puntos porcentuales en la mejora que deberían recibir los jubilados en marzo. Pasado a números redondos, para un haber de 10.000 pesos habría una pérdida de 630 pesos por el cambio retroactivo de la fórmula.

QUÉ SE APROBÓ EN EL SENADO?

Se modifica la fórmula de movilidad que alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH. En lugar del ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, se usará el 70% de inflación y 30% de suba de los salarios formales (Ripte) con ajuste trimestral.

Para 2018 se calcula un “ahorro” para el Estado de casi $ 100.000 millones

Con la fórmula hoy vigente, a un haber medio de $ 10.000 le correspondería un aumento aproximadamente de $ 1.200 en marzo de 2018. En cambio, con el proyecto oficial, el aumento sería de 570 pesos.