Denunciaron al Intendente Garro por la presunta falta de controles en la noche platense

La familia de Yésica Emilia Uscamayta Curi, la estudiante de Periodismo muerta hace casi dos años en una fiesta clandestina en Melchor Romero, denunció ayer al Intendente de La Plata, Julio Garro, y a varios empresarios de la noche por “encubrimiento agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“La vida de Emilia no la podemos recuperar, pero no queremos que se repitan hechos de violencia hacia los jóvenes en la noche”, explicó Adrián Rodríguez Antinao, abogado de la familia de la víctima, que realizó una radio abierta frente a la Fiscalía junto a representantes de organismos de Derechos Humanos.

El abogado informó que es “inminente la elevación a juicio oral” de la causa que investiga la muerte de la joven en una fiesta ilegal, caratulada como “homicidio culposo y doble desobediencia”, pero detalló que se abrió una nueva denuncia contra empresarios del sector y el jefe comunal por presunta “complicidad” en las irregularidades en las fiestas nocturnas y boliches bailables, los cuales, en su gran mayoría, “no están habilitados”.

“Como no se controla creemos que hay un encubrimiento agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dijo Rodríguez, quien agregó que el objetivo es que “con la muerte de Emilia cambie la situación y el Estado controle”.

El abogado aclaró que esta es la primera denuncia contra Garro relacionada con los controles sobre la noche platense.

Según Rodríguez, “se han sucedido en el año muchos episodios de violencia y cada vez que sale la noticia de boliches estos no están habilitados o el personal de seguridad no tiene la habilitación que tienen que tener ni la capacitación”.

La denuncia recayó en la Fiscalía Nº 3, a cargo de Marcelo Martini.

“TOLERANCIA CERO”

En contraposición con este reclamo, desde el Municipio hace pocos días salieron a denunciar “tolerancia cero” con todas las fiestas que no cumplan con las normativas legales.

El esquema de “mano dura” que se prevé implementar sigue incorporando mecanismos de sanción y advertencia.

Según afirmaron fuentes municipales, las multas por promover o tener un papel relevante en el desarrollo de este tipo de celebraciones podrían rozar el millón de pesos. E incluso estarían vinculadas con clausuras y arrestos.

“Estamos implementando una serie de acciones para evitar cualquier situación de peligro” explican los portavoces comunales: “Es una época del año en la que suelen proliferar estos encuentros. Vamos a reunirnos en Fiscalía para reclamar que ante las infracciones que se labren sean aplicadas las penas máximas contempladas en la ley”.