Una escena de crueldad animal quedó al descubierto en Melchor Romero cuando cinco hombres, oriundos del Conurbano bonaerense, fueron sorprendidos mientras realizaban venta ambulante en la intersección de 159 y 518. Entre los objetos que ofrecían se encontraban ocho loros, dos patos y un conejo blanco, todos en estado deplorable y encerrados en cajas de cartón sin agua, alimento ni condiciones mínimas de cuidado.
El procedimiento fue en el marco de un operativo de prevención de delitos. Personal policial interceptó a los sospechosos y advirtió que dos de ellos transportaban a los animales en un estado de deshidratación y hacinamiento que ponía en riesgo su vida., Según se informó, estaban débiles, estresados y presentaban signos compatibles con enfermedades.
Frente a esa situación, se dio intervención a la fiscalía especializada en maltrato animal, que ordenó el secuestro inmediato de los ejemplares y la aprehensión de dos hombres, de 31 y 35 años respectivamente. Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna y la Ley 14.346 de Protección contra el Maltrato Animal.
El caso no se limitó solo a estas detenciones. Otros tres hombres identificados en el lugar quedaron vinculados por infracción a la Ley 8031/73, que prohíbe la venta ambulante sin autorización. En su poder se incautaron bolsos con diversos elementos destinados a la comercialización callejera.
Los animales rescatados fueron entregados a una organización proteccionista para su atención veterinaria y recuperación. Voceros judiciales señalaron a este diario que llegarían con un cuadro delicado debido al encierro prolongado y a las condiciones insalubres en las que fueron encontrados.
En paralelo, la investigación avanzó con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata, que conduce la fiscal Ana María Di Lorenzo. La funcionaria resolvió imputar a los aprehendidos bajo las normas que penalizan tanto la crueldad hacia los animales como el tráfico de fauna silvestre, subrayando la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar la protección inmediata de los ejemplares. Desde la fiscalía también se remarcó que este tipo de conductas exceden el marco de una simple infracción y constituyen un delito penal que vulnera derechos reconocidos a los animales, considerados hoy sujetos de protección jurídica.
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