El “Lava Jato” cumple tres años en Brasil y sacude a sus vecinos

RÍO DE JANEIRO.- La operación “Lava Jato”, la investigación por el gigantesco escándalo de Petrobras, la mayor ofensiva contra la corrupción en Brasil, cumple esta semana tres años con 125 condenados, ninguno con fuero privilegiado, y salpica a más de una decena de países de América latina.

La llamada “Operación Lava Jato” destapó una enorme y compleja red de corrupción que desviaba recursos de la estatal Petrobras, la mayor empresa del país y que premiaba con jugosos contratos a las constructoras que aceptaban pagar sobornos a los altos funcionarios de la petrolera y a decenas de políticos.

La operación se hizo pública el 17 de marzo de 2014, con el cumplimiento de más de cien citaciones con el objetivo de investigar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover más de 10.000 millones de reales brasileños. Cabe consignar que la operación recibió el nombre de “Lava Jato” (lavado de autos) debido al uso de una red de lavanderías y estaciones de servicio por parte de los implicados en la red para mover valores de origen ilícito. La denuncia inicial partió del empresario Hermes Magnus, en 2008, cuando el grupo de acusados intentó lavar dinero en su empresa Dunel Indústria y Comércio, fabricante de componentes electrónicos para autos.

Según datos actualizados por la Fiscalía la semana pasada, gracias a los testimonios de 77 acusados que aceptaron colaborar con la Justicia a cambio de reducciones en sus penas, la investigación identificó hasta ahora el pago de sobornos por un valor de 6.400 millones de reales (unos 2.064 millones de dólares).

La trama de corrupción destapada por las investigaciones en estos tres años ha alcanzado también a más de una decena de países de África y América latina, desde México a Perú, pasando por Colombia, Panamá, Venezuela, Argentina y Chile, entre otros. Entre los salpicados por el escándalo figuran los ex presidentes peruanos Alejandro Toledo y Alan García y el mexicano Felipe Calderón, así como funcionarios del ex gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y del actual gobierno de Mauricio Macri.

En Brasil, en estos tres años, el grupo especial del “Lava Jato”, integrado por fiscales, policías federales y agentes del Fisco, detuvo a unas 200 personas, incluidos ex altos cargos de Petrobras y directores de varias de las principales constructoras de Brasil, país donde, la operación dio origen a 57 procesos penales contra 260 acusados, aunque hasta ahora se han dictado condenas en 25 juicios por un total de 1.317 años de prisión.

Las llamadas “delaciones premiadas” -testimonios a cambio de rebajas en las condenas- de 77 ex altos ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht fueron fundamentales para avanzar en las investigaciones. El juez Sergio Moro, titular del juzgado federal de Curitiba que lleva adelante el caso, mandó a prisión a figuras como los ex ministros Antonio Palocci y José Dirceu; al ex titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y al ex presidente de la constructora Marcelo Odebrecht, y tres de sus procesos tienen en la mira al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Pero los acusados con fuero privilegiado, entre ellos decenas de legisladores fuera del alcance de Moro, se han beneficiado de la lentitud de los procesos en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país y única que puede juzgar a políticos con mandatos ejecutivos o legislativos. Desde marzo de 2015, cuando el “Lava Jato” llegó por primera vez al Supremo, la Fiscalía ha presentado 20 denuncias contra 59 acusados con fuero privilegiado, pero sólo seis fueron aceptadas por la máxima corte, que no ha condenado a nadie.

Según el “Proyecto Supremo en Números”, un amplio estudio sobre el desempeño de la Corte Suprema de Brasil elaborado por el experto Ivar Hartmann, la demora media del máximo tribunal para pronunciarse sobre una denuncia contra un aforado fue de 662 días en los últimos diez años. Pero el máximo tribunal comenzará a sentir una fuerte presión en los próximos días, cuando el Procurador General de la República (Fiscal), Rodrigo Janot, presente denuncias contra unos 170 políticos con fueros citados en los casi 900 testimonios de los 77 ejecutivos de Odebrecht que colaboran con la investigación. La documentación de Janot salpica a altos cargos de todos los partidos políticos.