Se necesitan acuerdos ante la reiteración de paros en la Justicia provincial

La decisión del gremio de los empleados judiciales de realizar el próximo miércoles un nuevo paro de actividades, en esta oportunidad con movilización a la Suprema Corte, para reclamar la reapertura de paritarias y la devolución de los descuentos por los días de huelga, no hace sino acentuar –por la reiteración, si se quiere, indefinida de este tipo de protestas en los últimos años- el concepto de que resulta imprescindible que tanto el Gobierno como el sector gremial hallen fórmulas superadoras para resolver las situaciones conflictivas que alteran o paralizan la actividad de la administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires. Como bien se sabe, a partir de estas situaciones son innumerables y ciertamente costosos los perjuicios que le causan a la sociedad los paros judiciales.

Tal como se informó en las últimas ediciones, el gremio invoca la necesidad de que el Gobierno reabra las paritarias, canceladas en su oportunidad por el ministerio de Trabajo. A las reivindicaciones propias del sector, relacionadas a cuestiones de índole salarial y laboral, se sumará en esta oportunidad, como se ha dicho, el reclamo por los descuentos practicados en los sueldos por los días de paro realizados.

Se ha llegado en el Poder Judicial , al igual que lo que vino ocurriendo en el área educativa bonaerense o en el sector de los médicos de los hospitales públicos -en donde son millones de alumnos o, en el segundo caso, de personas necesitadas de recibir prestaciones sanitarias- a una situación análoga, en el sentido de que son ellos, los receptores de estas esenciales prestaciones públicas, quienes sufren las consecuencias de los desencuentros entre las partes.

No haría falta señalar que, subordinadas a la actividad judicial, existen cuestiones y derechos perentorios relacionados a la libertad, a los derechos de propiedad, a situaciones laborales o de familia que son acuciantes, entre otras múltiples obligaciones y garantías que pueden verse omitidas o conculcadas cada vez que un juzgado cierra sus puertas.

Se ha dicho ya en esta columna que, por lo tanto, resulta inaceptable que, en el ámbito de uno de los poderes públicos de mayor trascendencia institucional, pueda vivirse en una suerte de crónico y recurrente foco de conflicto, en el que desde hace años se arremolinan casi los mismos puntos controversiales –sean ellos los niveles salariales, la porcentualidad u otras reivindicaciones que plantea el sector- y que también se traducen en una indefinida reiteración de medidas de fuerza, sin que ambas partes hayan logrado avanzar alguna vez hacia instancias superadoras.

Justamente, es la falta de definiciones la que termina por condicionar la actividad de los juzgados y demás dependencias, en una situación que origina demoras en la tramitación de las causas y perjuicios a los derechos de miles de personas involucradas en la actividad jurisdiccional, sin dejar de mencionar los graves trastornos que todo ello causa en el ejercicio de la abogacía.

Debe subrayarse, entonces, la imperiosa necesidad de hallar mecanismos que faciliten un mayor acercamiento y que, fundamentalmente, contemplen la totalidad de los intereses puestos en juego. Así lo han señalado en los últimos años los numerosos reclamos expresados por los colegios de abogados, cuando expresaron que el ejercicio del derecho de huelga no debería impedir el derecho al acceso a la Justicia y tampoco el derecho de trabajar de los abogados.

Está demás señalar que los salarios de los empleados y funcionarios son un factor determinante de la calidad de la prestación del Poder Judicial. No se puede esperar una justicia eficaz y, mucho menos, independiente, sin que el personal se encuentre bien remunerado y jerarquizado. Pero más allá de estas realidades y de los planteos gremiales -cuyo derecho constitucional a presentarlos ante las autoridades responsables resulta incontrastable- debieran también, en todo caso, encontrarse maneras de protesta que no se traduzcan, como viene ocurriendo desde hace muchos años, en la paralización de la actividad de los tribunales.