“Hay chicos que vienen con problemas serios de sus casas; económicos, de violencia”. “Hay mucho consumo problemático”. “En 5º y 6º hay problemas para redactar, para comprender un texto, de ortografía. No estamos preparados para la universidad”.
Los adolescentes no tienen filtro. Esas y otras expresiones, los integrantes del centro de estudiantes de la Secundaria 1 las dijeron, sin quitarles una coma, delante del director y de la vice del turno tarde. Ellos los escucharon. Les dieron la palabra. Sólo intervinieron cuando se les preguntó en forma directa. Era una nota “al centro de estudiantes” y la respetaron. Porque en el colegio de 9 y 38 “el centro respeta a los adultos, los consulta, les pide permiso para hacer todo”.
Y esos chicos comprometidos con su escuela no son la excepción. Los hay en todos los establecimientos. Lo que no es seguro es que en otros “tengan palabra” y se la respeten.
Lo cierto es que 4 integrantes del centro y 2 compañeros elaboraron un proyecto de ley tendiente a minimizar el gran problema que hoy sufren las escuelas: la violencia, la mala convivencia que, indefectiblemente, mete la cola (y mucho) en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo presentaron en unas jornadas que organizó la Legislatura para 10 colegios públicos y privados. Y fue elegido el de ellos.
“Falta una figura en la escuela, fuerte, consistente, respetable, que se dedique con exclusividad a detectar si hay casos de acoso, si alguien tiene problemas que vienen de afuera, a mediar. En definitiva, a resolver”. Especialistas sobran. La respuesta, hoy nació de quienes pasan su vida en la escuela.
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