Nuevas medidas intentan impedir el referendo secesionista de Cataluña

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomó ayer el control de las actuaciones (hasta ahora promovidas por la Fiscalía) para evitar el referendo ilegal del 1 de octubre, y ordenó a la Policía que cierre los centros de votación e impida que se prepare la consulta en ellos.

A días de la fecha fijada por el Gobierno catalán para celebrar la consulta, la jueza del TSJC Mercedes Armas ordenó a la Policía catalana (conocida como Mossos d’Esquadra), a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan la apertura de los locales designados para la consulta secesionista y requisen el material electoral que encuentren en los mismos.

La magistrada solicitó también a la Fiscalía que cese en sus “diligencias, actuaciones e instrucciones” sobre el referendo, ya que será ella quien asuma las próximas directrices, tras semanas en que las que el Ministerio Público llevó la iniciativa. No obstante, la jueza avaló en su auto judicial la decisión de la Fiscalía de ordenar el precinto de los locales designados como puntos de votación y de que sea un funcionario del Ministerio español de Interior quien coordine el operativo policial contra la consulta.

TEMOR A DESORDENES

Cabe recordar que la Fiscalía había dispuesto que la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a las policía locales, apoyaran si fuera necesario a los Mossos d’Esquadra, después de que la policía catalana expresara sus reticencias a precintar los centros de votación.

El jefe operativo de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, se comprometió a cumplir con las órdenes de la Fiscalía, aunque alegó que se ajustarían a los principios de “oportunidad, proporcionalidad y congruencia”, ante el riesgo de alteraciones en el orden público. Grupos independentistas han pedido a sus activistas que se concentren en las escuelas para permitir que sean utilizadas el domingo e impedir que las fuerzas de seguridad las clausuren.

En este contexto se enmarca la advertencia del jefe de los Mossos, ante el temor de que una intervención policial ante un grupo de concentrados pueda degenerar en desórdenes.

Por otro lado, la Audiencia Nacional (tribunal con jurisdicción en todo el territorio español) anunció también que investigará los disturbios ocurridos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona, fundamentalmente el hostigamiento a agentes de la Guardia Civil durante una operación policial contra el referendo, lo que de comprobarse, constituiría un delito de sedición. La decisión sigue una querella del principal fiscal de la Corte que nombra a dos grupos civiles como organizadores de la protesta en Barcelona. La manifestación se realizó en las afueras de un edificio allanado por la policía y dos vehículos de la Guardia Nacional fueron destruidos.

La seguridad y el orden público también fueron abordados en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que el refuerzo de policías y guardias civiles en Cataluña se mantendrá “mientras sea necesario”. Otros grupos, como los socialistas (PSOE) y los liberales (Ciudadanos) hicieron llamados al Ejecutivo catalán para que retire su pretensión de una consulta y recupere el diálogo con el Gobierno español.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) también llamó al diálogo y a una solución basada en el respeto a las leyes, después de que más de 300 sacerdotes y diáconos catalanes firmaran un manifiesto de apoyo a la independencia y, posteriormente, otros 400 religiosos pidieran la mediación del papa Francisco a favor de la consulta.

Desde las filas secesionistas, el presidente catalán Carles Puigdemont, convocó para hoy a la llamada Junta de Seguridad de Cataluña, un organismo que agrupa a los responsables en ese ámbito tanto de carácter estatal como regional. La convocatoria es otra muestra de la distancia entre el Gobierno español y el autonómico, porque la reunión debe hacerse por iniciativa de ambas partes y Puigdemont ha optado por hacerlo de modo unilateral.

Asimismo, Puigdemont declaró que las medidas de las autoridades de Madrid contra el referendo independentista sólo servirán para aumentar la concurrencia a las urnas. El líder regional criticó a la Comisión Europea, acusándola de prestar “oídos sordos” a los anhelos de los catalanes por realizar la consulta. Puigdemont denunció que la Comisión Europea le está dando la espalda a los catalanes al no defenderlos frente a los intentos de las autoridades de Madrid por impedir la votación. Y prometió convertir el asunto en un tema europeo, no sólo nacional.