ARA San Juan: entre quejas de familiares se promulgó la Comisión Investigadora

Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan criticaron ayer al presidente Mauricio Macri y al ministro de Defensa, Oscar Aguad, por su “escaso compromiso” en la búsqueda del navío, desaparecido desde hace dos meses.

Al participar de la sesión pública que realizó el Concejo Deliberante de Mar del Plata con motivo de rendir homenaje a los submarinistas, los familiares de los tripulantes reclamaron al Gobierno la incorporación de material tecnológico para la búsqueda, dado que hoy se limita sólo a dos buques.

En medio del malestar de los familiares, el gobierno nacional promulgó ayer la ley que crea la “Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino ARA San Juan”.

El cuerpo “tendrá por objeto el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación, el desarrollo de las acciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate”, establece la norma aprobada en diciembre.

La comisión especial “estará integrada por seis diputados nacionales y seis senadores nacionales, designados por los presidentes de cada cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de la representación de ambas cámaras”, añade la ley 27.433 que ayer se publica en el Boletín Oficial junto a su promulgación.

Asimismo, “tendrá un presidente y un vicepresidente, los cuales serán elegidos por la comisión”, cuyas “decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes”.

La comisión “designará un cuerpo de especialistas, integrado por cinco miembros que serán militares retirados de la Armada Argentina sin procesamientos ni condenas por delitos de lesa humanidad, con grado no inferior a contraalmirante, y/o civiles con reconocida trayectoria y experticia en materia de defensa nacional”.

El cuerpo podrá iniciar investigaciones de oficio, citar a funcionarios, solicitar informes y documentos y realizar reuniones secretas y reservadas.

Además, deberá elaborar un informe final en un plazo no mayor a un año desde su conformación, el cual podrá prorrogarse no más allá de un año más.

Tanto los informes parciales como el informe final “serán obligatoriamente públicos”, y el último de éstos deberá contener “una opinión fundada” sobre la “determinación de las posibles causas de la desaparición de la nave, el desempeño de los mandos de la Armada Argentina, y el de las autoridades del Ministerio de Defensa”.

También, el informe final tendrá que incluir un “análisis de las acciones que se sugiere fueron adoptadas por el comando de la unidad submarina; condiciones de mantenimiento de la nave previo a la autorización de la misión, detallando la existencia de averías o fallas técnicas; y detalle de la misión encomendada al submarino.