Vecinos preocupados porque se consolida la mega toma de tierras en el barrio El Retiro

“La policía se fue, ya hubo varios intentos de robo, y la toma empieza a parecer un asentamiento consolidado”. Para quienes viven en la zona de El Retiro que hasta hace algunos años albergó el depósito fiscal de automotores, en torno a 52 y 155, que todo siga igual implica, en realidad, que todo empeore paulatinamente. Así lo describen los propios vecinos, mientras esperan que la Justicia confirme un desalojo dictado hace un mes y medio pero nunca concretado -debido a sucesivas apelaciones-, y que el municipio dé a conocer su proyecto para las tierras de la discordia, si es que alguna vez son recuperadas.

“Lo que vemos es que si bien la usurpación no volvió a avanzar hacia los terrenos de la escuela agraria y la salita, está cada vez más organizada se levantan nuevas casillas y sigue llegando gente” señaló Edgardo, quien compró un lote en la zona de 49 y 158 hace siete años y desde entonces construye poco a poco su vivienda: “la custodia policial solía estar pero ya no se ve más por acá, y hubo algunos robos e intentos; a mí por ejemplo me quisieron robar la bomba sumergible y varias herramientas, cuando en todo el tiempo que llevo en el barrio nunca me había pasado”.

EXPANSIÓN

Caracterizada por su magnitud como “mega-toma”, la del predio en el que funcionó hasta 2015 el depósito de autos interdictos y a disposición de la Justicia, entre 155, 158, 49 y 52, fue fulminante y masiva. Se inició el primer día de agosto, y en las jornadas sucesivas se expandió a gran velocidad. Los ocupantes llegaron a invadir una cancha de fútbol y un espacio verde comunitario, y llegaron hasta la hasta la calle 46 y 155, cercando el campo experimental del Colegio Agrotécnico Juan XXIII -cuyos directivos denunciaron agresiones a los caseros y saqueo de equipamiento- y el Centro de Integración Comunitaria de El Retiro.

El avance fue frenado por la acción policial y municipal, pero el núcleo del asentamiento persistió, y se siguieron erigiendo casillas de machimbre y chapa, tendiendo cables y delimitando con sogas, postes y alambres parcelas que luego fueron, en muchos casos, comercializadas por cifras que variaban entre los veinte mil y treinta mil pesos.

Administradora de los terrenos usurpados como consecuencia de una extensa y compleja secuencia de adquisiciones y donaciones, la Comuna se presentó ante la Justicia como damnificada, y pidió el desalojo de una decena de hectáreas, al tiempo que denunció la “venta fraudulenta de lotes”. En la UFI Nº8, a cargo de Hugo Tesón, y el Juzgado de Garantías N°4, de Juan Pablo Masi, se tramitaron una orden de desalojo y medidas complementarias, como el corte del suministro eléctrico al sector tomado y la asignación de una custodia policial las 24; si bien el parate eléctrico se logró, los vecinos afirman que la presencia de las fuerzas de seguridad es intermitente. Y la expulsión fue apelada por la Defensoría Oficial, por lo que pasó al tribunal de alzada, la Cámara de Apelaciones.

Según explicó oportunamente el magistrado, “para que un requerimiento de desalojo sea efectivizado hay que respetar una serie de procedimientos establecidos, lo que implica que una vez dictado el fallo, se comunica a las partes, la fiscalía y la Defensoría Oficial, que cuentan con un plazo para apelar si así lo desean”.

Eso es lo que suele ocurrir, y ocurrió también en este caso. “Estamos en un momento en el que, en el plano judicial, sólo podemos esperar que se expida la Cámara lo antes posible” advirtieron fuentes municipales: ”el expediente le llegó hace ya unos 25 días, por lo que la expectativa está puesta en que no falte demasiado para una resolución”.

Los terrenos sobre los que se desarrolla la usurpación pertenecieron originalmente a una amplia franja rural del sudoeste platense administrada por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia, que llegaba hasta la avenida 44 y es cruzada por uno de los brazos del arroyo Pérez. Hoy están por partes similares en la órbita de la Comuna local y el Colegio Agrotécnico Juan XXIII, que instaló allí su campo experimental y deportivo.

ANTECEDENTES

Las parcelas fiscales involucradas están situadas donde la delegación de Lisandro Olmos limita con las de Los Hornos y San Carlos. Salieron de la jurisdicción de Agrarios a partir de inicios de la década del ‘80 del siglo pasado, y en 1981, unas siete hectáreas se cedieron al Juan XXIII, un instituto de gestión privada.

A fines de los ‘90, la Comuna local consiguió el aval para usar la fracción como depósito de materiales y máquinas. Y la Fiscalía de Estadio bonaerense comenzó a llevar los rodados secuestrados y a disposición de la justicia penal de la Provincia. Fue recién en 2008 que el área situada entre 49, 52, 155 y 158 pasó a manos locales; por la Ordenanza 10.490, el municipio aceptó “las tierras donadas por la Provincia de Buenos Aires, entre las calles 46 a 52 y de 155 a 156”, para afectarlas “al Programa Federal de Viviendas”.

Para entonces, los coches abandonados sugerían un paisaje post-apocalíptico que perduró hasta 2015, cuando fueron compactados. El intendente Pablo Bruera anunció la creación en el lugar del “Parque del Oeste”, pero acto seguido suscribió un convenio con la seccional platense de la UOCRA -posteriormente refrendado en el Concejo por la Ordenanza 11.302- por el que cedió sin cargo buena parte del predio al Instituto de la Vivienda bonaerense, con la condición de que se destinara a 132 viviendas para afiliados al sindicato. Las casas no se construyeron, y los pastizales ganaron la escena, hasta el comienzo de la usurpación.